27 Septiembre de 2025 - 15:45
27 Septiembre de 2025 / Ciudadano News / Política
El calendario electoral argentino de medio término, fijado para el 26 de octubre de 2025, no es solo un proceso de renovación legislativa; es el verdadero campo de pruebas para la "Revolución de la Libertad" prometida por el gobierno libertario de Javier Milei.
Con la elección a la vuelta de la esquina, apenas falta un mes, y un Congreso que se ha consolidado como un bastión de "oposición dura", el Gobierno se prepara para una reconfiguración de poder donde el resultado de las urnas será determinante para la gobernabilidad de los próximos dos años.
Casi desde su asunción, el Poder Ejecutivo ha chocado sistemáticamente con la mayoría opositora, que no solo frenó o desarticuló proyectos clave como la Ley Bases, sino que ha avanzado con iniciativas propias, muchas de ellas enfocadas en aumentar el gasto público y que han sido calificadas por el Presidente como proyectos que "buscan romper el equilibrio fiscal".
En este escenario de veto y contraveto, la estrategia de Milei para después de octubre se basa en un trípode conceptual: la "plebiscitarización" de la gestión, la profundización de la confrontación como mecanismo de unidad, y la amenaza constante del "ajuste lateral" y la judicialización.
Para el Gobierno, las elecciones de medio término han sido convertidas en un referéndum sobre el rumbo económico y la figura presidencial, un ejercicio de "plebiscitarización" que busca capitalizar el apoyo social que aún mantiene a pesar del fuerte ajuste fiscal.
La Libertad Avanza (LLA), que no arriesga un número significativo de bancas en la Cámara de Diputados y ninguna en el Senado, se juega en estas elecciones la posibilidad de dejar de ser un grupo minoritario y convertirse en un actor de peso real.
El objetivo primario no es solo aumentar la base de legisladores para facilitar la aprobación de leyes, sino legitimar con un nuevo mandato popular la confrontación con lo que el Presidente denomina "la casta".
Es por eso que los mensajes de campaña se centran en dos ejes:
La épica del equilibrio fiscal: El Gobierno insiste en que su principal logro es el superávit fiscal y la baja de la inflación, presentándolos como la única base para el crecimiento futuro. Los candidatos de LLA son instruidos para defender el "sacrificio" actual como condición indispensable para la "Argentina grande" del futuro.
El muro opositor: Se acusa a la oposición de intentar "romper el país" al promover proyectos que vulneran el equilibrio fiscal. Esta narrativa busca trasladar el costo político de la ingobernabilidad al Congreso, haciendo de la oposición el principal responsable de cualquier retroceso económico.
Una victoria contundente en las urnas, aun si no otorga la mayoría absoluta, es vista internamente como un espaldarazo que desmovilizaría a la militancia opositora y debilitaría la voluntad de confrontación de los bloques "dialoguistas" que han oscilado entre el apoyo y el rechazo.
El principal obstáculo a la gobernabilidad de Milei sigue siendo el Congreso, un cuerpo con mayoría opositora fragmentada pero efectiva para el bloqueo. La oposición, que incluye al peronismo y sectores de Juntos por el Cambio, ha encontrado un modus operandi efectivo: avanzar con leyes de alto impacto social -como el financiamiento universitario, la movilidad jubilatoria o el respaldo a hospitales de referencia, como el Garrahan-, obligando al Ejecutivo a ejercer el veto presidencial.
En este sentido la dinámica es clara: Milei ha prometido vetar "cada cosa que inventen" si atentan contra el superávit. El veto se ha convertido en la herramienta de gobernanza preferida, utilizada no solo para detener el gasto, sino también para polarizar el debate y forzar a los legisladores a tomar posición entre el "ajuste" y la "irresponsabilidad fiscal".
Enfrente, la oposición ha aprendido a responder con la insistencia de las leyes vetadas, requiriendo los dos tercios de ambas Cámaras. La reciente derrota del Gobierno en el rechazo a vetos claves marca un hito: por primera vez en más de dos décadas, un presidente ve cómo su poder de freno es invalidado, obligándolo a resignarse o a buscar otras vías.
Así las cosas, el escenario post-octubre es un Congreso con el que el Gobierno no solo tiene que negociar la aprobación de sus leyes, sino que debe "combatir" para impedir que la oposición avance con una agenda de gasto que obligaría a reajustar el Presupuesto 2026.
Consciente de que una victoria electoral no garantiza automáticamente una mayoría legislativa, la Casa Rosada ha desarrollado un plan de contingencia que prioriza la continuidad del programa económico por encima de la gobernabilidad tradicional.
Ante el bloqueo legislativo, el Gobierno seguirá utilizando al máximo las facultades del Poder Ejecutivo, reglamentando leyes existentes de manera restrictiva o avanzando con regulaciones administrativas que no requieren el aval del Congreso. El espíritu de la fallida Ley Bases será implementado "por goteo", mediante decretos y resoluciones.
El proyecto de Presupuesto 2026, presentado por el Ejecutivo recientemente, ha sido diseñado para "blindar el equilibrio fiscal". En ese sentido, el Gobierno advirtió que, si el Congreso introduce modificaciones que implican un mayor gasto (como aumentar partidas o transferencias a provincias), el Ejecutivo aplicará recortes en otras áreas de su competencia discrecional, en un concepto denominado "ajuste lateral".
La advertencia es clara: la meta de déficit cero no se negocia, y la motosierra se aplicará donde sea necesario para compensar la irresponsabilidad legislativa.
Además, el presidente Milei ha anunciado que si la oposición logra insistir en leyes vetadas, el Gobierno recurrirá a la vía judicial para declarar inconstitucionales dichas normas, argumentando que atentan contra la sustentabilidad fiscal del Estado, un pilar de su plan de gobierno.
Esta táctica busca trasladar la batalla política de las Cámaras a los Tribunales, ganando tiempo y forzando a la Corte Suprema a arbitrar la disputa de poderes.
Las elecciones legislativas serán una bisagra. El Gobierno no se prepara para la negociación tradicional, sino para una nueva fase de la confrontación política. Su estrategia es la de un Ejecutivo que se concibe a sí mismo como el único garante de la estabilidad macroeconómica frente a una "casta" depredadora.
Si La Libertad Avanza logra un resultado que fortalezca su posición, buscará relanzar una agenda de reformas estructurales, aunque segmentadas. Si el resultado es adverso, el Gobierno profundizará su estrategia de "resistencia": gobernanza por superávit, decreto, veto y judicialización, manteniendo la tensión política como mecanismo para disciplinar a una oposición que, hasta ahora, ha demostrado tener el poder de veto, pero carece de un plan alternativo consistente que logre quebrar la determinación inquebrantable del actual inquilino de la Casa Rosada.
En este complejo escenario, la gobernabilidad, para el mileísmo, no es un acuerdo, sino la victoria constante en la batalla cultural y económica.
