La causa que engloba las presuntas coimas relacionadas con la licitación, asignación y distribución de remedios a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), sumó en las últimas horas una información casi detonante.
En las últimas 12 horas, el fiscal federal Franco Picardi expidió una serie de allanamientos en distintos emprendimientos residenciales privados donde serían propietarios los hermanos Emmanuel y Jonathan Kovalivker, dueños de la droguería Suizo-Argentina y, también, del extitular de la ANDIS, Diego Spagnuolo.
En medio de los procedimientos se solicitó, de forma paralela, la auditoria sobre una posible existencia de activos financieros no declarados, tanto de los hermanos Kovalivker, como, así también, del propio exfuncionario del Gobierno libertario, responsable del órgano de discapacidad.
El sendero a la caja de seguridad de Spagnuolo con 80.000 dólares
En las indagaciones de cuentas bancarias y rastreo de fondos se logró dar con la ubicación de una caja de seguridad, asentada en el Banco BBVA, cuya titularidad seria del exdirector de la ANDIS, en la que la Policía Federal encontró la suma de 80.000 dólares.
A tal efecto, la fiscalía decidió secuestrar la suma en moneda estadounidense, entendiendo, que el movimiento de efectivo como de transferencias digitales es clave para trazar el esquema de supuestos sobornos que ha salpicado las más altas esferas de la Casa Rosada y destapó un acuerdo de beneficios económicos mutuos entre la cúpula del Estado y la firma proveedora de medicamentos.
No obstante, el dato que ha causado mayor preocupación, tanto para los acusados como para el Gobierno, ha sido la sorpresiva renuncia de los letrados defensores de Spagnuolo: los abogados Juan Aráoz De Lamadrid e Ignacio Rama Schultze, quienes se apartaron de la causa alegando razones personales.
La trama de la agencia de Discapacidad, la cual comenzó a ramificarse a partir de la difusión de audios que involucran a altos funcionarios del oficialismo, mantiene bajo sospecha al propio presidente, Javier Milei, a su hermana, Karina Milei, y a dos miembros esenciales del entorno mileista: Martín Menem y Eduardo "Lule" Menem, aparte de los hermanos Kovalivker y Spagnuolo.
Según el legajo actuante, se les imputa haber sido presuntos partícipes de un esquema de sobornos y administración fraudulenta, con afectación directa a fondos del Estado, además de posibles violaciones a la Ley de Ética Pública.