En una jornada marcada por la máxima tensión política y un clima social efervescente, la Confederación General del Trabajo (CGT) ratificó este miércoles lo que muchos sectores industriales y comerciales temían: un cese total de actividades por 24 horas.
La medida de fuerza, que representa el cuarto paro general contra la administración de Javier Milei, surge como respuesta directa al inminente tratamiento de la reforma laboral en la Cámara de Diputados.
Según la cúpula sindical, el proyecto no solo es inconstitucional, sino que representa un "certificado de defunción" para los derechos conquistados durante décadas.
La CGT paralizará la Argentina ante el "fracaso económico"
El cónclave de este miércoles en la histórica sede de la calle Azopardo no dejó lugar a dudas.
Tras el cierre de la emblemática fábrica de neumáticos Fate, que dejó a más de 900 familias en la calle, el triunvirato cegetista endureció su discurso.
Al respecto, Jorge Sola, secretario general de Seguro y vocero del encuentro, fue tajante al explicar el alcance de la medida: "La Argentina se paralizará de punta a punta porque no estamos dispuestos a entregar las conquistas laborales bajo el falso rótulo de modernización".
El dirigente también disparó contra el rumbo financiero del país, afirmando que "este es el comienzo" de un plan de lucha más profundo.
Con un tono de advertencia hacia el Congreso, Sola sentenció: "Hacemos un llamado a la reflexión a los diputados; tienen que priorizar la dignidad del pueblo argentino y dejar de lado la rosca política".
Transporte y servicios: el país en "modo pausa"
A diferencia de otras convocatorias, esta huelga contará con una adhesión total de los gremios del transporte. La UTA y La Fraternidad confirmaron que no habrá colectivos ni trenes, lo que garantiza el vacío en las calles.
Al respecto, Cristian Jerónimo, referente del gremio del Vidrio, sostuvo que "el problema del Gobierno hoy no está solo en las calles, sino en las fábricas que cierran y en las pymes que desaparecen".
La central obrera denunció la pérdida de 300.000 puestos de trabajo formales en los últimos dos años y la desaparición de 21.000 pymes.
"Esta ley no significa ninguna ventaja para los trabajadores, solo es una transferencia de recursos hacia los empleadores", concluyó Abel Furlán, de la UOM.
Con este escenario, este jueves se perfila como un test de fuerza definitivo entre el sindicalismo tradicional y el modelo libertario.