Tanto Manuel Adorni como Federico Sturzenegger habían anunciado que los familiares y cónyuges de empleados fallecidos no podrían cubrir las vacantes, como sucedía hasta ahora en diversos organismos. Hasta ahora, esta práctica permitía que los deudos pudieran acceder a sus puestos de trabajo en organismos como la AFIP, el Banco Central y el Banco Nación.
Héctor Recalde es, además de exdiputado nacional, abogado laboralista, y se prestó a un diálogo con Sin Verso (lunes a viernes, de 9 a 12, por Ciudadano News 91.7). Desde su punto de vista, esta medida es "algo que el Gobierno no debería modificar, más que nada por los principios generales presentes en la Constitución, luego de la modificación de 1994. En primer lugar, hay que diferenciar si esta herencia de cargos está enmarcada en un convenio colectivo.
Si es así, estamos en presencia de una discusión que no podría avanzar. No es una cuestión de empleo público: si hay un convenio de trabajo, se rige por la justicia laboral".
"En la Constitución Nacional hay un artículo, el 75 inciso 19, que impide la regresividad de los derechos. Así y todo, deberíamos analizar la racionabilidad de esta medida porque, en general, las medidas que está tomando el Gobierno son todas regresivas. Es una señal roja la que tenemos ahora", manifestó Recalde. Sin embargo, se apresura a aclarar que cada caso reviste un análisis, ya que muchos cargos se rigen por la ley administrativa o por la ley de contrato de trabajo.
"Ese artículo de la Constitución estableció dos cosas: la progresividad de los derechos (lo que indica que la regresión de los derechos es inconstitucional), y la jerarquía constitucional a pesar de Milei, porque Milei dice que esa justificación es una aberración, y no es una aberración: es un derecho constitucional. Si no hay justicia social en la disposición, estamos hablando de algo inconstitucional", indicó el abogado laboralista.+
Hay una discusión latente: saber si la costumbre genera derechos. "Si me aparto del derecho laboral -aclara Recalde-, sonaría como que los descendientes pueden tener más derechos que los que no son descendientes. En esto quiero ser lo más objetivo posible, por eso analizo en términos generales hasta ver concretamente la norma. Hasta ahora es un simple enunciado del gobierno nacional, solo están diciendo lo que quieren hacer. Pero hay que ver cómo lo van a hacer", aclara el exdiputado.
Para Recalde, quien se ubica en el centro de la polémica, el rol del Estado es fundamental. "Lo que intentan es algo que yo llamo 'deslaboralización'. Quieren suprimir el derecho del trabajador, quieren que las relaciones entre empleadores y trabajadores se midan y se regularicen con el Código Civil y Comercial. Y, por otro lado, veo que quieren reducir derechos", comenta. En este sentido, sostiene que "esta ley viene a imponer desigualdades para corregir las desigualdades que hay en la relación laboral. No entender esto es atacar la columna vertebral del derecho de trabajo".
Derechos y obligaciones de empleados y empleadores
El abanico de irregularidades en la repartición pública es amplio, al punto de que se multiplican a lo largo y ancho del país. Pero Recalde indica, aquí, que dichas falencias son también responsabilidad de quienes están al frente de tal o cual oficina.
"La culpa no la tiene solamente el que va a trabajar una vez cada 14 días, sino quien está al frente de dicha oficina. Del mismo modo, hay cosas que se instalan en el colectivo social que no son ciertas, como por ejemplo la descalificación que se nos hace a los abogados laboralistas con el tema de los juicios, como si nosotros fuéramos industriales del juicio", se queja Héctor Recalde.
"Tengo estadísticas de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, y desafío a cualquier funcionario público detrás de esta afirmación para que analice si en los últimos 30 o 50 años se llegaron a iniciar 30 mil juicios de despidos. Nunca, en ningún año tuvimos esa cifra. Si realmente pudiéramos hacer que se cumpla la ley, tendríamos hasta 4 millones de trabajadores no registrados. Cada uno de ellos tiene un derecho violado que no se pudo defender", asegura el entrevistado, ante las preguntas de Rebeca Miranda y Gabriel Landart, conductores del ciclo.
"Lo más objetivo son las estadísticas. En la página de la Cámara están todos los datos, y sería bueno que quien tenga una opinión contraria se acerque para debatirlo, pero con los números en la mano, más allá de la ideología, la filosofía y los datos", sostiene Recalde.



