Irregularidades
Un nuevo escándalo sacude a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y al Ministerio de Capital Humano. Se han denunciado 203 casos de embarazos falsos utilizados para cobrar fraudulentamente la Asignación por Embarazo para Protección Social, lo que ha generado una pérdida estimada de $165 millones para el Estado.
Investigación y descubrimiento
La investigación, liderada por la ANSES y dirigida por el Ministerio de Capital Humano bajo la supervisión de Sandra Pettovello, ha revelado una práctica sistemática de presentación de documentación falsa. "Hemos identificado una red de facilitadores que cobraban coimas para iniciar los trámites con certificados médicos y documentación apócrifa", explicó Pettovello.
Irregularidades detectadas
Las irregularidades fueron detectadas en localidades como La Matanza, Lomas de Zamora, Moreno y Río Gallegos. "En al menos 203 casos, encontramos certificados médicos falsos sin registro de nacimiento, simulaciones de interrupciones de embarazo y certificados con fechas de parto futuras", detalló Mariano de los Heros, director de la ANSES.
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Entre los casos más insólitos, se descubrió que una médica obstetra firmó certificados para cuatro mujeres, pero al investigar, se comprobó que nunca trabajó en el hospital mencionado y que las firmas eran falsificadas. "No reconozco mi firma ni letra en esos formularios, y tampoco me pertenece el número de CUIL ingresado", afirmó la médica.
Testimonios reveladores
Los pesquisas de la ANSES también lograron el testimonio de una presunta embarazada, quien reconoció que "el formulario lo obtuvo mediante una persona de nombre 'Estela' por el costo de $1.800 sin agregar mayores datos". En Turdera, Lomas de Zamora, se falsificaron firmas y matrículas de obstetras y médicos que no tuvieron contacto con las pacientes ni trabajaban en los hospitales citados en la documentación. Uno de los médicos manifestó que hace más de diez años que no presta servicio en el Hospital Interzonal General de Agudos 'Evita'. "Desconozco la firma y el sello", declaró, y tras el contacto con los investigadores de la AFIP, hizo la denuncia policial por usurpación de identidad, título y honores.
Modus operandi y perjuicio económico
Para los funcionarios del organismo, del análisis de la documentación "surge sin duda un modus operandi cuasi uniforme en cuanto al universo de maniobras, donde las modalidades son reiteradas y consisten básicamente en la presentación de los formularios obligatorios para la acreditación del embarazo -falsos en estos casos- o bien de la interrupción de la gestación, efectuada por mujeres que no han concurrido a una consulta médica que así lo acredite, o bien esos embarazos no existen o no existieron, tal como se requiere para adquirir el derecho a la prestación de Asignación Universal por Embarazo".
El fraude descubierto podría ascender a más de 160 millones de pesos y fue dividido en dos escenarios posibles:
- Escenario de máxima: si los 203 casos fraudulentos hubieran cobrado el 100% de la prestación durante los 9 meses correspondientes, el perjuicio ascendería a $165.959.199 a valores actuales.
- Escenario específico: en este cálculo más detallado, se observa que los Grupos I y III (80 casos) cobraron el 80% de la prestación durante 9 meses. El Grupo II (12 casos) cobró el 100% durante 6 meses. El Grupo IV (111 casos) no llegó a percibir ninguna prestación. En este escenario, el perjuicio estimado es de $58.862.376 a valores actuales.
Requisitos incumplidos
Según la normativa vigente, para hacer efectiva la percepción de la Asignación por Embarazo, la mujer gestante debe cumplir con varios requisitos. Entre ellos, encontrarse desocupada, ser trabajadora informal con ingresos iguales o inferiores al Salario Mínimo, Vital y Móvil, ser Monotributista social, trabajadora de servicio doméstico registrada o estar inscripta en programas como Hacemos Futuro, Manos a la Obra o programas del Ministerio de Trabajo. Además, debe ser argentina nativa o residente con al menos tres años de residencia en el país, acreditar identidad con DNI, cumplir con los controles médicos, estar inscripta en el Programa SUMAR del Ministerio de Salud y no poseer obra social, entre otros.
Respuesta y medidas preventivas
En respuesta a estas maniobras, desde el Ministerio de Sandra Pettovello y la ANSES reafirmaron su "compromiso con la transparencia y la lucha contra la corrupción". "Para evitar la repetición de estas prácticas fraudulentas, se están rediseñando los procedimientos internos, con un enfoque en la digitalización de los certificados médicos y la implementación de nuevas herramientas que optimicen la verificación de los trámites", aseguraron.
Este escándalo pone en evidencia la necesidad de reforzar los controles y la transparencia en la tramitación de beneficios sociales, para evitar que se repitan situaciones similares en el futuro.