9 Julio de 2025 - 17:42
9 Julio de 2025 / Ciudadano News / Política
La Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), una de las entidades más apuntadas por el presidente Javier Milei, quien la calificó públicamente como la "Cámara de la corrupción", expresó este martes su "profunda preocupación" por la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad, una medida oficializada por decreto en las últimas horas.
Desde la entidad empresarial que agrupa a las principales constructoras del país advirtieron que la eliminación de Vialidad pone en riesgo la capacidad estatal para proyectar, licitar y supervisar obras viales con criterios técnicos, transparencia y una mirada federal.
"El organismo contaba con casi cien años de trayectoria, con equipos técnicos especializados que garantizaban la continuidad de obras en todo el territorio nacional. Su desaparición representa un retroceso en la planificación estratégica de infraestructura", señalaron.
CAMARCO puso el foco en el traspaso de funciones a la órbita del Ministerio de Economía y a la Gendarmería Nacional, lo que —según la entidad— genera incertidumbre institucional y deja sin rumbo a proyectos viales estratégicos que ya estaban en marcha.
"Nos preocupa el impacto sobre el empleo, la articulación público-privada que se sostuvo durante décadas y, sobre todo, el futuro de más de 30 mil kilómetros de rutas federales que no serán concesionadas al sector privado y que hoy quedan sin una estructura clara de mantenimiento", remarcó la cámara.
La entidad también señaló que el deterioro de la red vial no es solo un problema de logística o productividad: tiene consecuencias directas en la vida cotidiana de miles de argentinos. "Los caminos conectan personas, comunidades y economías regionales. Sin inversión, las cadenas productivas pierden eficiencia y competitividad", sostuvieron.
En este sentido, reafirmaron que "la inversión en rutas no debe verse como un gasto: es una palanca para el desarrollo, la generación de empleo y la integración territorial".
En provincias como Mendoza, la decisión genera una fuerte inquietud entre empresarios y trabajadores de la construcción, especialmente por el freno a obras clave como la duplicación de la Ruta 40, los accesos a Luján de Cuyo y el avance de la ruta internacional hacia Chile.
Estos proyectos no solo impactan en el tránsito y la seguridad vial, sino que son fundamentales para la conectividad logística de la región cuyana, vital para el agro, la minería y la industria vitivinícola. Según fuentes del sector, la parálisis podría derivar en la pérdida de más de 3.000 puestos de trabajo directos e indirectos en el corto plazo.
Más allá del malestar por la medida, desde CAMARCO insistieron en su voluntad de colaborar con el Gobierno Nacional en el diseño de políticas que garanticen obras de infraestructura sostenidas en el tiempo, "con reglas claras, previsibilidad y una visión federal del desarrollo".
"La Argentina necesita un Estado que articule con el sector privado, que escuche a quienes tienen experiencia en el territorio y que no desmonte estructuras técnicas sin ofrecer alternativas concretas", concluyeron.
