CRÍTICA Y EXIGENCIA
El caso del gendarme argentino Nahuel Gallo, retenido en Venezuela desde el 8 de diciembre pasado, sigue aportando condimento a la precaria y tensa relación entre nuestro país y el régimen de Nicolás Maduro.
Tras el video distribuido este jueves por el Gobierno venezolano que muestra al gendarme caminando en lo que parece ser un espacio deportivo, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró este viernes que es "una pantomima del régimen".
"No aceptamos ningún juego de una aparición, de una foto, que aparece en un lugar desconocido, caminando, sin sonido y sin fecha", señaló la funcionaria, según la Agencia Noticias Argentinas.
Tras recibir muchas presiones, el Gobierno de Maduro aceptó el pedido de la familia de Gallo de dar una "fe de vida" o prueba de vida del gendarme, de quien aseguraron que se encuentra "bien de salud".
En el video, el hombre aparece caminando junto a otros dos detenidos por un patio con gradas sin identificar, vestido con un conjunto celeste y en aparente buen estado de salud.
La pareja de Gallo, María Alexandra Gómez, quien lo esperaba en Caracas cuando fue secuestrado, confirmó que el hombre que aparece en las imágenes es él.
Tras calificar esas primeras imágenes difundidas por el chavismo como "una pantomima", Bullrich expresó que "lo único que Argentina acepta es que sea puesto en un avión y enviado al país".
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Además, la funcionaria indicó que "no existe una condición de mostrar que lo tienen bien, como si fuese un régimen normal. Esto es una dictadura y las dictaduras hacen estas cosas, dan pruebas de vida".
Como lo ha expresado en varias oportunidades, el Gobierno bolivariano considera que el gendarme es "un servicio infiltrado" que llegó a Venezuela para realizar tareas de espionaje, sabotaje y terrorismo.
Sin embargo, se sabe que Gallo tenía la habilitación de sus autoridades específicas para viajar a Venezuela con el objetivo de reencontrarse con su pareja y su hijo.
En la presentación ante la Corte Penal Internacional (CPI), el gobierno de Javier Milei tildó el secuestro del gendarme como una "violación grave y flagrante de los derechos humanos" y lo enmarcó dentro de un supuesto "patrón sistemático de crímenes de lesa humanidad, que se están cometiendo en la República Bolivariana de Venezuela".