Mano dura
El escenario político argentino se encendió este lunes tras el anuncio oficial de este lunes de que el Poder Ejecutivo incluyó el proyecto de Ley Penal Juvenil en el temario de sesiones extraordinarias.
La iniciativa, que busca establecer la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años (con algunos sectores del oficialismo presionando incluso por los 13), se posiciona como el eje central de la agenda de seguridad para este 2026.
Con el respaldo del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la senadora Patricia Bullrich, el Gobierno busca capitalizar un reclamo social creciente tras hechos delictivos de extrema gravedad protagonizados por menores de edad.
La baja de la edad de imputabilidad y su alcance legal
El proyecto no solo propone reducir la edad en la que un menor puede ser procesado, sino que plantea una reforma integral del régimen penal juvenil para derogar normativas que datan de la última dictadura.
Según fuentes oficiales, el objetivo es terminar con el vacío legal que permite que adolescentes involucrados en delitos graves, como homicidios o robos a mano armada, recuperen la libertad de forma inmediata.
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La senadora Bullrich fue tajante al respecto en sus redes sociales: "La sociedad necesita justicia y prevenir nuevas víctimas. No más excusas ni dilaciones; la edad no puede ser una licencia para matar".
Por su parte, el vocero presidencial Manuel Adorni confirmó la decisión de Casa Rosada al afirmar que "la Ley Penal Juvenil también formará parte del temario de las sesiones extraordinarias. Fin".
Resistencia total: el muro de la oposición dura
A pesar del impulso oficialista, el camino en el Congreso no será sencillo. La oposición, liderada por Unión por la Patria y la Izquierda, ya adelantó un rechazo férreo.
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Los legisladores de estos bloques sostienen que la medida es "punitivista" y que no ataca las causas estructurales de la delincuencia.
Desde el sector crítico, algunos diputados han señalado que "se quiere transformar a los niños y adolescentes en chivos expiatorios de la falta de políticas de seguridad reales".
Además, organismos internacionales como UNICEF y diversas facultades de derecho ya han advertido que reducir la edad de punibilidad podría representar un retroceso en materia de derechos humanos, argumentando que los menores de 18 años representan menos del 2% de los delitos totales en el país.
El debate promete ser una batalla de votos donde el oficialismo deberá negociar con los bloques dialoguistas para alcanzar el quórum, mientras la "tolerancia cero" se enfrenta a la resistencia de quienes piden proteger la Convención de los Derechos del Niño.