POLÍTICA
El Gobierno nacional hizo oficial el aumento de sueldos para los funcionarios de las Autoridades Superiores del Poder Ejecutivo, una decisión que no incluye al presidente Javier Milei ni a la vicepresidenta Victoria Villarruel. La medida fue formalizada a través del decreto 931/2025, publicado este viernes en el Boletín Oficial, y establece un nuevo criterio de actualización salarial vinculado a las paritarias de la Administración Pública Nacional.
El decreto dispone un reordenamiento del esquema salarial para ministros, secretarios, subsecretarios y otros funcionarios, aunque no precisa el porcentaje exacto de la suba en su articulado. Según la redacción oficial, los incrementos se aplicarán en función de las actualizaciones acordadas en el Convenio Colectivo General de la Administración Pública Nacional.
De acuerdo al texto oficial, el aumento de sueldos para los funcionarios comenzará a regir desde enero de 2026 y tomará como referencia el porcentaje acumulado de incremento otorgado al personal estatal entre enero de 2024 y julio de 2025. Los aumentos no serán retroactivos y se aplicarán desde el primer día del mes correspondiente.
El decreto también establece que cada suba acordada en las paritarias generales se trasladará automáticamente a estos cargos políticos, siempre que se mantenga el superávit fiscal. En sentido contrario, se incorpora un mecanismo automático de congelamiento salarial que se activará en caso de déficit fiscal, lo que impedirá nuevos aumentos.
Exclusiones y cambios normativos clave
Uno de los puntos centrales de la norma es que el Presidente y la Vicepresidente quedan expresamente excluidos de la suba salarial. Además, el decreto deroga el artículo del Decreto 235/2024, que fijaba las remuneraciones de las autoridades superiores por fuera de las negociaciones colectivas, marcando un cambio en la lógica de actualización de estos salarios.
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Según la estimación oficial, los haberes de los funcionarios registraron una desactualización cercana al 60% en términos de poder adquisitivo, como consecuencia de la inflación acumulada desde diciembre de 2023.
Desde la Casa Rosada aseguraron que el aumento de sueldos para los funcionarios no compromete el equilibrio fiscal y remarcaron que fue posible gracias a la reducción del gasto público y al recorte en la planta del Estado. En esa línea, el Presidente instruyó a la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública a diseñar un nuevo sistema de empleo público.
Ese esquema estará basado en el ingreso por mérito, la evaluación periódica del desempeño, la movilidad por competencias y remuneraciones asociadas a las responsabilidades, según detalla el decreto.
Por último, la norma invita al Poder Judicial, al Poder Legislativo, a las provincias, a los municipios y a la Ciudad de Buenos Aires a replicar el congelamiento automático de salarios políticos en contextos de déficit fiscal, con el objetivo de reforzar criterios de austeridad y previsibilidad en el manejo de los recursos públicos.