El Gobierno nacional, a través del vocero presidencial Manuel Adorni, anunció este martes el cierre de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), cuyas funciones serán absorbidas por el Ministerio de Salud. La decisión ocurre meses después de que estallara un escándalo por una presunta trama de corrupción y pedidos de coimas dentro del organismo.
Desde distintos bloques de la oposición, el desmantelamiento de la agencia fue interpretado no como una reforma administrativa, sino como un "plan de impunidad",. Los legisladores señalan que el objetivo principal es borrar las huellas de los sobornos revelados en audios del ex titular de ANDIS, Diego Spagnuolo. En dichas grabaciones se menciona a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, como presunta artífice de un pedido de coimas equivalente al 3% de los contratos firmados con laboratorios proveedores de medicamentos.
Diputados como Itai Hagman y Esteban Paulón recalcaron que la disolución busca ocultar la "inmoralidad" de los manejos de dinero, mencionando cifras de hasta 700 mil dólares vinculadas a otros actores del organismo,. Por su parte, la senadora Fernanda Raverta afirmó que el Gobierno no cierra organismos para transparentar, sino para "cerrar explicaciones" ante la opinión pública.
Más allá de las denuncias penales, el cierre de la ANDIS ha generado una fuerte alarma por sus consecuencias sociales. Daniel Arroyo, ex ministro de Desarrollo Social, calificó la medida como un "retroceso grave", argumentando que la discapacidad requiere una mirada integral que incluya educación, trabajo y transporte, y no simplemente una visión sanitaria o médica.
La dependencia eliminada
Los puntos críticos señalados por los legisladores incluyen:
Incumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad: Se acusa al Ejecutivo de dilatar esta ley y de usar la disolución como "revancha" ante el rechazo del Congreso a derogarla,,.
Ajuste sobre sectores vulnerables: La medida se suma a una reducción drástica en las pensiones y prestaciones,.
Desprotección de derechos: La ex diputada Mónica Fein advirtió que esta decisión afecta a millones de personas y contradice los reclamos de familias y prestadores que se han manifestado en las calles.
El desmantelamiento de la ANDIS es visto por la oposición como una repetición de la estrategia aplicada con el Ministerio de Desarrollo Social: subsumir organismos en otras carteras para luego desmantelar sus políticas territoriales y de asistencia.