RÉCORD HISTÓRICO
El impacto de la convocatoria para las audiencias por la reforma de la Ley de Glaciares ha generado un sismo político en el Congreso de la Nación. Con más de 27.837 inscriptos, la cifra no solo desbordó las previsiones oficiales, sino que marca un precedente histórico, dejando en evidencia la sensibilidad social que despierta la protección de las reservas de agua dulce frente a la avanzada de proyectos extractivistas.
Incertidumbre logística y el reclamo de la oposición
La masividad del registro obligó a los diputados Nicolás Mayoraz y José Peluc a recalcular una logística que, hoy, parece imposible. Bajo el cronograma actual de apenas dos jornadas, solo 216 oradores podrían hacer uso de la palabra, lo que dejaría fuera al 99% de los anotados. Ante este escenario, diputados como Maximiliano Ferraro, de Coalición Cívica ARI, y Sabrina Selva, del Frente Renovador; exigieron formalmente a Martín Menem una ampliación del debate para garantizar que la audiencia no sea un "mero trámite formal" que vulnere el Acuerdo de Escazú.
El proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado, busca flexibilizar el alcance de las zonas protegidas para habilitar la explotación minera en áreas periglaciares. Mientras el Gobierno y los gobernadores cordilleranos presionan por una legislación "menos rígida" para destrabar inversiones, los sectores científicos advierten que la reforma contradice el artículo 41 de la Constitución Nacional. La tensión es total: si el oficialismo no garantiza una participación ciudadana efectiva, la ley nacería con un altísimo riesgo de judicialización inmediata ante la Corte Suprema, poniendo en duda la seguridad jurídica que el Ejecutivo busca promover para el sector minero.