Trata de personas
Tres hombres fueron procesados con prisión preventiva, bajo la acusación de explotar sexualmente a 21 mujeres en estudios webcam, operando a través de una empresa llamada "Belle Argentina". El Juzgado Federal de la provincia de San Juan, presidido por Leonardo Rago Gallo, imputó a los acusados por el delito de trata de personas, imponiendo además embargos de $10 millones para dos de ellos, considerados coautores, y de $3 millones para el tercero, señalado como partícipe necesario.
Esta decisión judicial siguió el camino trazado por los fiscales Francisco Maldonado y Fernando Alcaraz, junto con la fiscal cotitular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), Alejandra Mángano, quienes impulsaron la investigación y el pedido de medidas cautelares.
La pesquisa reveló que los dos principales acusados eran propietarios de la empresa y de diversas propiedades en la capital sanjuanina, donde, presuntamente, entrevistaban, alojaban y explotaban sexualmente a las víctimas. El tercer acusado se desempeñaba como "monitor" durante las sesiones de streaming erótico, supervisando a las mujeres, que tenían entre 19 y 30 años.
El juez estimó que la organización había generado un capital ilícito de aproximadamente $141 millones en un periodo de dos años, lo que equivaldría a ingresos mensuales cercanos a $6 millones. Como parte de la investigación, la Justicia ordenó allanamientos en cinco domicilios, donde se confiscaron monitores, webcams, teléfonos móviles, preservativos, cocaína, pendrives y otros elementos relevantes para el caso.
El modus operandi de los acusados para reclutar a las mujeres involucraba la publicación de ofertas laborales engañosas en redes sociales, dirigidas a personas que buscaban un cambio significativo en sus vidas. Las mujeres que respondían a estas ofertas eran entrevistadas por los principales imputados y, en ese momento, se les informaba que el trabajo consistía en realizar streamings eróticos para audiencias internacionales. A cambio, se les prometía el 50% de las ganancias generadas, pagadas en dólares.
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Sin embargo, las víctimas recibían un "kit de iniciación" que incluía diversos objetos sexuales, como vibradores, lubricantes y dildos de distintos tamaños, que debían utilizar durante las transmisiones. Aunque el pago se acordaba de manera semanal o quincenal, los dueños de la empresa utilizaban distintas excusas para incumplir con la promesa del 50%, entregándoles únicamente el 20% de lo producido.
Los clientes pagaban a través de "tokens" o criptoactivos, utilizando diversas billeteras virtuales. Las plataformas de interacción exigían un tiempo mínimo de ocho minutos por sesión, durante los cuales se abonaban unos 200 tokens, equivalentes a la misma cantidad en dólares, incrementando así las ganancias de la organización. Este esquema no solo denota un abuso laboral y sexual, sino que también destaca la complejidad tecnológica y financiera utilizada para maximizar las ganancias y eludir controles legales.