Los pedidos de prisiones domiciliarias para internos de penales de todo el país se transformó en el tema central de la semana pasada.
Las idas y vueltas entre Justicia y Ejecutivo derivaron en un debate picante donde la sociedad mostró su descontento con un cacerolazo contra las salidas de presos imputados, o en algunos casos condenados, por abusos, muertes u otros delitos.
Lo cierto es que en Mendoza existieron estos pedidos pero el número de beneficiados fue mínimo, ya que los jueces explicaron que se hace un análisis de cada caso en particular.
A finales de la semana pasada se conoció que en el Sur provincial obtuvo este beneficio un hombre que está cumpliendo una condena por abuso sexual a la hija de su pareja en San Rafael.
Gustavo Lorenzo – de profesión abogado- cumple condena desde 2012 y ahora por la pandemia del coronavirus, obtuvo la libertad asistida hasta el 10 de mayo.
Por otro lado, el abogado de Carla Pagliaricci, la madre de los niños fallecidos en el accidente de la Costanera en 2018, explicó que por el momento José Caccia –único imputado- no ha solicitado la prisión domiciliaria.
“No sabemos de algún pedido de su abogado pero no tiene motivos, primero por su edad, tiene 32, segundo porque no sabemos de alguna enfermedad preexistente y también porque está pendiente la resolución de un pedido de domiciliaria hecho tiempo atrás”, sostuvo el letrado Mariano Tello.
Sobre el estado de la causa, la cual ya se elevó a juicio, el abogado señaló que “está frenada en la Corte”.
Tello recordó también que ellos pidieron que Peca y Miranda, los conductores de los otros vehículos y que fueron sobreseídos, sean reincorporados a la causa.