La Policía de Santa Cruz anunció que iniciará sanciones contra un grupo de efectivos que protagonizó una brutal agresión contra un joven de 23 años en la ciudad de Río Gallegos. El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad y se viralizó en las últimas horas.
Un operativo de controles vehiculares nocturnos terminó en un episodio de violencia que ahora está bajo investigación. El domingo, cerca de las 6 de la mañana, un joven que conducía su auto eludió un puesto policial y se dirigió hasta una vivienda ubicada en la calle Alberdi. Allí fue alcanzado por cuatro policías que, según muestran las imágenes, lo golpearon cuando intentaba ingresar a su casa.
Las cámaras del domicilio captaron el momento en que los efectivos de la División de Operaciones Motorizadas y de la Unidad Policial de Prevención Local de Río Gallegos lo interceptan en la escalera de entrada y lo agreden a trompadas. Tras la golpiza, el joven fue obligado a descender y trasladado a la Comisaría Sexta junto a un adolescente de 15 años, llamado Miguel, que también había sido demorado.
De acuerdo con el parte policial, ambos quedaron imputados por "atentado y resistencia a la autoridad". Sin embargo, el Juzgado Penal Juvenil ordenó la liberación inmediata de Joel luego de que fuera revisado por un médico. El menor, en tanto, fue entregado a sus padres. El acta también dejó constancia de que Joel presentaba lesiones visibles y debió recibir asistencia en el hospital.
En paralelo, agentes de la Dirección de Tránsito municipal secuestraron el vehículo del joven.
El comunicado oficial
Tras la difusión de los videos en redes sociales, la Jefatura de Policía de Santa Cruz difundió un comunicado en el que reconoció la gravedad de lo ocurrido y aseguró que ya se iniciaron las actuaciones administrativas correspondientes.
"El caso fue elevado a la Dirección General de Asuntos Internos, con el objetivo de identificar a los agentes intervinientes y determinar responsabilidades individuales", informaron las autoridades. Además, aclararon que se aplicarán las sanciones disciplinarias previstas en la normativa, sin perjuicio de las causas judiciales que puedan surgir de la investigación.