Policiales
Una organización criminal que operaba desde el interior de una cárcel de Chubut, logró estafar y extorsionar a víctimas de todo el país por una suma millonaria. En tan solo un año, el grupo —liderado por dos reclusos— recaudó más de 60 millones de pesos, según lo revelado por una extensa investigación judicial.
La jueza Eve Ponce, del Poder Judicial de Chubut, autorizó en las últimas horas la apertura formal de una nueva etapa del proceso, que ya incluye a 25 imputados. La causa es llevada adelante por la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen y Ciberdelito, que desde hace más de un año viene siguiendo los pasos de esta estructura que tenía como base el Instituto Penitenciario Provincial ubicado entre Trelew y Puerto Madryn.
Los principales responsables fueron identificados con las iniciales E.G.R. y L.A.O., ambos detenidos, quienes habrían logrado ingresar al penal teléfonos y chips de manera clandestina. Desde sus propias celdas, y con ayuda de cómplices dentro y fuera del penal, coordinaban las maniobras delictivas con notable precisión.
Extorsiones en tres pasos
El mecanismo detrás de la mayoría de los hechos de sextorsión seguía un patrón bien definido: primero, se creaban perfiles falsos en redes sociales o plataformas de mensajería; luego, mediante engaños, se iniciaban conversaciones íntimas con las víctimas, hasta obtener imágenes comprometedoras. Finalmente, esas imágenes eran utilizadas para chantajearlas, exigiendo sumas de dinero a cambio de no divulgar el contenido.
En los casos más graves, las amenazas no se detenían después del primer pago: continuaban con nuevas exigencias bajo distintas excusas. Para sumar credibilidad, los estafadores incluso falsificaban notificaciones judiciales con nombres reales de funcionarios de la provincia.
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La investigación no se detiene
Los fiscales ya documentaron al menos doce casos concretos de estafa, aunque estiman que el número real podría ser mucho mayor. Una de las víctimas, identificada como C.E.A., llegó a transferir más de 38 millones de pesos a cuentas controladas por el grupo, mientras que otra persona —A.O.Y.— fue extorsionada por casi seis millones.
Las cuentas receptoras estaban a nombre de familiares o parejas de los internos, quienes se encargaban de mover el dinero para evitar su rastreo. Las transferencias se realizaban a través de bancos y billeteras virtuales, lo que obligó a los investigadores a revisar una enorme cantidad de información financiera.
Las víctimas no solo eran extorsionadas: en varios casos también se detectó el uso de sus datos personales para cometer otros delitos. Fotos de DNI y credenciales eran utilizadas para abrir cuentas o suplantar identidades, ampliando aún más el alcance de la red.
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Estafas disfrazadas de ventas
Otra modalidad empleada por la organización fue la venta ficticia de productos a través de plataformas como Facebook Marketplace. Se ofrecían artículos como bicicletas o casillas rodantes a precios atractivos, y cuando los interesados mostraban interés, eran derivados a chats con supuestos vendedores que, en realidad, eran los internos.
Una vez ganada la confianza, se les pedía una seña o el costo de traslado del bien, pero nunca llegaban a recibir nada. Así, un vecino de Córdoba llegó a pagar 240 mil pesos por una bicicleta que nunca existió. Otro caso documentado fue la supuesta venta de una casilla rodante por 2.700 dólares.
En al menos trece intentos más, los posibles compradores sospecharon de la operación y lograron evitar la trampa, ya sea por intuición o por advertencias previas del Ministerio Público Fiscal.
Un juicio que recién comienza
La última audiencia, donde se habilitó la ampliación de la investigación, se realizó con la presencia de algunos imputados en la Oficina Judicial de Rawson, mientras otros participaron por videollamada desde distintos puntos de la provincia.
La causa avanza bajo las figuras de asociación ilícita, extorsión y estafa, algunas en grado de tentativa. Los fiscales ya lograron identificar roles específicos dentro del esquema, diferenciando entre líderes, organizadores y partícipes secundarios.
Por el momento, algunos de los imputados no se presentaron a declarar, por lo que se ordenó su traslado forzoso a una nueva audiencia programada para este miércoles. Mientras tanto, la justicia sigue sumando pruebas y el número de víctimas, al igual que el dinero involucrado, continúa creciendo.