Revisión
El Programa de Asistencia Médica Integral (PAMI) anunció que, en conjunto con la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), comenzará un proceso de auditoría sobre más de un millón de pensiones otorgadas por invalidez laboral. El objetivo es evaluar si los beneficios cumplen con los requisitos legales vigentes y garantizar una administración eficiente de los recursos públicos.
Más de un millón de casos bajo revisión
Según el comunicado emitido por el área de Comunicación y Relaciones Institucionales del PAMI, la auditoría abarcará 1.013.400 pensiones distribuidas en todo el país. El proceso comenzará en febrero y se implementará de manera gradual y escalonada, priorizando la revisión de aquellas pensiones concedidas durante el gobierno de Alberto Fernández.
Etapas del proceso de auditoría
La revisión de las pensiones se desarrollará en cuatro fases:
- Notificación a los beneficiarios: Se enviarán cartas documento a los titulares de las pensiones, informándoles sobre la auditoría y asignándoles un turno con un médico del PAMI.
- Entrevistas médicas y presentación de documentación: Los beneficiarios deberán asistir a la consulta médica con toda la documentación requerida para su evaluación.
- Análisis de casos por parte de ANDIS: Los especialistas revisarán cada expediente para determinar si se ajusta a los criterios legales.
- Resolución final: Se emitirán los dictámenes que definirán si el beneficiario continúa percibiendo la pensión o si corresponde su suspensión.
Transparencia y supervisión del Ministerio de Salud
Desde PAMI y ANDIS remarcaron que el proceso estará bajo supervisión del Ministerio de Salud y se implementará con la premisa de garantizar que los fondos públicos lleguen a quienes realmente lo necesitan.
Además, destacaron el rol clave del PAMI, cuya red de prestadores médicos permitirá realizar las evaluaciones de manera descentralizada y con alcance territorial en todo el país.
Un compromiso con la administración eficiente de los recursos
El Gobierno subrayó que esta auditoría no busca recortar beneficios de manera arbitraria, sino asegurar que las pensiones por invalidez laboral sean otorgadas y mantenidas bajo los criterios legales vigentes.