Mientras la pobreza, la precarización social, el desempleo y el alto costo de vida avanzan dantescamente sobre los mendocinos, en la trastienda política se velan armas dentro del apetecible escenario de todo dirigente político, como es el tiempo electoral que se avecina.
No es casual entonces que un hombre ultra opositor e integrante del ala dura del justicialismo, que representa al kirchnerismo en Mendoza, sea punta de lanza de un tema espinoso, como es la minería metalífera. Tampoco es casual que vuelvan al tapete de consideración los límites a la reelección indefinida de los intendentes.
Ambos aspectos penetran el terreno de los fuertes debates de la política vernácula sin distingo de colores doctrinarios. Porque en ambos casos las millonarias cuestiones monetarias y los intereses particulares de todo dirigente político está sobre todo partido. Esto último, inclusive, en las estrategias para ganar o hacer fracasar una gestión, según pinte a los objetivos sectarios de uno o varios dirigentes.
Muchos observadores entienden que cuando el senador Alejandro Abraham (PJ – Podemos Vivir Mejor) hizo conocer el proyecto de ley para modificar la Ley 7.722 no había salido de su intelectualidad legislativa. Que algo encerraba y que sobre las espaldas del legislador venían alientos y palmadas interesadas de sectores empresarios, mineros y políticos. Estos últimos haciendo una fuerte operación para ver hasta donde se puede llegar con este asunto. Que si no sale como esperan sus ideólogos, solo sea la cabeza de Abraham la que corra, con todo lo que eso implica. Inclusive para el justicialismo, que por este tema entró nuevamente en ebullición y ya muchos de sus principales dirigentes, incluidos los de La Cámpora, han salido a cuestionar al parlamentario.
Modificar una ley que es producto de la lucha y consenso social de la población urbana y agraria de la provincia es casi un acto político suicida. Porque es un instrumento jurídico que cuida el elemento básico de la vida vegetal, animal y humana: el agua.
Más allá del pregonar ambientalista que la defiende, prohíbe la utilización de sustancias químicas en la explotación minera metalífera y salva a Mendoza de lo que hoy le ocurre a San Juan con la contaminación en su principal cuenca hídrica.
Muchos la quisieron modificar desde su implementación durante la administración del radical Julio Cobos, pasando por los gobiernos justicialistas de Celso Jaque y Francisco Pérez. Constantemente recibió una andanada de cuestionamientos. El principal en la Justicia, siendo precisamente ésta, por medio de la Suprema Corte, la que le dio respaldo y carácter constitucional.
A partir de allí se pensó que Ley 7.722 era inamovible. Hasta ahora, que se la quiere modificar en el lugar donde fue engendrada, el Poder Legislativo. El proyecto que hoy lo quiere hacer, dicen desde sectores que la defienden, pretenden golpear su corazón, al sacarle su carácter de controlar.
Por otro lado, la repetición de mandatos de los intendentes mendocinos viene siendo cuestionada desde que el pueblo de la provincia, en un 85 %, votó una enmienda que limita a una reelección. Desde ese momento de la historia institucional local, 10 años atrás, nadie ha querido poner en vigencia el mecanismo aprobado por la ciudadanía.
Es claro que la especulación de los intereses de la dirigencia local ha tratado por todos los medios de ocultarla. También, en muchos casos, utilizarla como un medio para dejarles a los caciques comunales diferentes mensajes, sobre todo a la hora de aprobación de leyes, estratégicos cargos en la Justicia y los presupuestos anuales de Mendoza.
Hoy el tema vuelve en un raro escenario donde el tire y afloje político es intenso y duro, con radicales, peronistas, demócratas e intransigentes que apoyan la entrada en vigencia de la enmienda. Con dirigentes de esas mismas ideologías que plantan bandera de batalla para que se mantenga guardada. En ambos lados del asunto los intereses y facturas están a la orden del día, menos el interés generalizado de la gente y de las instituciones.
Sobrevienen días de mucho debate sobre la Ley 7.722 y la enmienda que pone límites a la reelección indefinida a los intendentes. Mientras eso sucede, en la provincia ocurren cosas muy delicadas que necesitan soluciones. Un indicador que muestra que a los mendocinos, con graves problemas económicos, tanto como sus connacionales y el mismo país, no les sirve, ni les interesa que se debatan dos temas que no aportan nada a la realidad que hoy los golpea.
Sin embargo, y aun así, se velan oscuras armas en la política local.