Repica insistentemente en el discurso opositor la angustiante necesidad de que hay que frenar el avance del flanco más duro del kirchnerismo para salvar a la república. En un escenario donde la crisis socioeconómica se traduce, no estadísticas puestas en una pantalla o en un diario, sino en la presencia real de personas comiendo de la basura y niños durmiendo en la calle con sus padres, las formalidades de la democracia no son lamentablemente una prioridad para una considerable mayoría.
Ni las encuestas, ni los ratings de los medios nos pueden dar una acertada visión de qué es lo que está pensando la sociedad sobre sí misma y sobre cómo salir de esta encerrona dramática que padecemos desde hace décadas los argentinos. Mal presagio es para la supervivencia del sistema la creciente anomia y rechazo a la dirigencia política en su totalidad. El descrédito es merecido casi sin atenuantes en la Argentina y en toda América Latina, pero en estas crisis recurrentes siempre se advierte que la política se mejora o se salva con más política, porque lo otra alternativa es, como ya lo hemos experimentado, generalmente trágica.
Por eso es que debemos tener una idea clara sobre qué es lo que va a ocurrir en setiembre y en noviembre con las elecciones, algo de lo cual muchos se quejan porque parecen un gasto innecesario y una pérdida de tiempo, pero que al fin y al cabo si se llegaran a suprimir, saldríamos a la calle a pedirlas. (Ojalá fuera así).
Hasta ahora no se ha podido demostrar que la postergación de las PASO y las elecciones generales hayan tenido una genuina razón, pues con el argumento del agravamiento de los contagios durante el primer trimestre el Gobierno esperaba una mejora en el ánimo y en las expectativas de los ciudadanos, pero eso parece que va de mal en peor. Además, justo durante todo el año se han realizado actos electorales en varios países y ello no parece haber sido motivo de estallido de contagios.
Entonces repasemos cómo se jugaría en las urnas lo que pasaría con la Argentina dependiendo de quién gane o si las cosas quedaran iguales. Recordemos que en este caso se renueva la mitad de las bancas del Congreso Nacional, de casi todas las legislaturas provinciales y de los concejos deliberantes de casi todos los municipios. Todos esos cargos se eligieron en 2017 porque todos los mandatos son por cuatro años.
En esas elecciones la coalición Juntos por el Cambio (JxC) ganó en los principales distritos por lo cual en la Cámara de Diputados pone en juego 59 bancas y el oficialismo Frente de Todos (FdT) otras 51, en ambos casos están contabilizados los diputados y diputadas de todas las provincias y de la CABA. Pero teniendo en cuanta los distritos que aportan más legisladores la pelea electoral será así: en la provincia de Buenos Aires JxC pone en juego 14 lugares y FdT, 16; en la ciudad de Buenos Aires JxC, 10 y FdT, 3; Santa Fe JxC 5, FdT 3 y el Frente Progresista 1; Córdoba JxC 5, FdT 1 y Córdoba Federal 3. En Mendoza dejan sus cargos 3 diputados de Juntos por el Cambio, 1 del Frente de Todos y también se le termina el mandato a José Luis Ramón que ingresó por Protectora Fuerza Política pero se integró a un interbloque que vota con el oficialismo.
En la Cámara de Diputados es donde se registrarán los cambios en la relación de fuerzas o se mantendrá el actual equilibrio. Un avance del oficialismo le dará una mayoría y quórum propio para imponer una importante serie de iniciativas como la reforma de la Procuración y del sistema judicial, entre otras. Pero es casi imposible que alcance los dos tercios en ninguna de las dos cámaras, que es la mayoría necesaria para reformar la Constitución. Todo esto, claro está, siempre que se respeten las instituciones tal cual como están establecidas actualmente.