El Directorio Supremo, un gobierno que se sublevó al Rey y proclamó la libertad

A veces la historia parece ordenada y prolija, pero en realidad suele estar hecha de parches, urgencias y decisiones a las apuradas. Así fue entre 1814 y 1820, cuando las Provincias Unidas del Río de la Plata inventaron sobre la marcha un experimento de gobierno: el Directorio Supremo.

Al frente estaba el director Supremo, una especie de "presidente fuerte" que debía tomar las riendas en medio de la guerra, organizar ejércitos, juntar dinero donde no lo había, sostener la diplomacia y tratar de que las provincias no se desmembraran del todo.

El Directorio duró apenas seis años, tuvo siete directores y terminó en un caos que conocemos como la Anarquía del Año XX. Pero en ese breve tiempo dejó huellas profundas como la independencia del reino de España, un intento de Constitución y la libertad de tres países sudamericanos.

El infierno tan temido

En 1808, Napoleón, quien hasta ese momento era aliado de España, invadió el territorio peninsular y obligó a Fernando VII a abdicar. Esto causó la reacción de una parte del pueblo ibérico, que tomó las armas para pelear por su monarca. 

Lo mismo se manifestó en los territorios de ultramar que tenía el reino español en América, en medio de una profunda incertidumbre. Se inició así una acefalía y, en poco tiempo, los americanos intentaron un esfuerzo por recuperar lo perdido. No se reclamaba todavía la independencia, sino el retorno del legítimo monarca. 

En el Río de la Plata, el primero de estos movimientos ocurrió en septiembre de ese mismo año, con la formación de una Junta de Gobierno en Montevideo.

Dos años después, surgieron en Buenos Aires los sucesos que determinaron la creación de la Primera Junta, el 25 de mayo de 1810. A pesar de que muchos historiadores sostienen que fue una revolución, no lo fue, y menos aún una declaración de libertad contra el rey, sino una manifestación institucional en nombre de Fernando VII, con la esperanza de que su regreso restaurase el orden, aunque ya nada volvería a ser igual. 

Esa lealtad formal fue cambiando de tono. Las Juntas, la Primera Junta, la Junta Grande, los Triunviratos, fueron pasos visibles de una tensión creciente entre quienes buscaban reformar el antiguo régimen virreinal y quienes comenzaban a pensar en un nuevo orden político. 

En 1813, la Asamblea General Constituyente, o "Asamblea del Año XIII", se instaló en Buenos Aires con un mandato claro: declarar la soberanía del pueblo, eliminar símbolos de la autoridad realista, reformar instituciones, imponer nuevas leyes y redactar una constitución.

Lo hizo, aunque no declaró la independencia de inmediato ni sancionó una carta magna definitiva. En ese clima de transformaciones radicales y urgencias militares se dio un paso decisivo: la Asamblea dispuso que el poder ejecutivo se concentrara en una sola persona, el director Supremo, con un Consejo de Estado, para enfrentar amenazas externas, organizar ejércitos, asegurar la administración del territorio y sostener las finanzas del Estado en gestación. 

Así nació el Directorio en 1814: no como un ideal, sino como respuesta práctica a una coyuntura de guerra, de recursos escasos y de exigencias de un grupo minoritario y poderoso que proponía un gran cambio.

El Directorio Supremo: qué fue y por qué

En ese contexto de urgencia externa e interna, irrumpió el Directorio en 1814 como forma de gobierno que concentraba en una persona el poder ejecutivo, con autoridad militar, fiscal, diplomática y administrativa, para encarar la guerra que se intensificaba y sostener lo que ya se veía como irreversible: un camino hacia la libertad de estas tierras. 

La figura del director Supremo disponía de un Consejo de Estado que no era una especie de mesa chica, sino un órgano asesor, árbitro y, en algunos casos, freno al poder del director. 

Recomendaban decretos, revisaban nombramientos, resolvían conflictos internos y se extendían a decisiones estratégicas que afectaban tanto la guerra como la política interna, garantizando cierto equilibrio en la administración. 

Además de los ministerios y del Consejo de Estado, el Directorio contaba con tribunales y jueces que administraban justicia según decretos nacionales. Las provincias debían acatar normas generales y resolver conflictos locales bajo la supervisión de representantes del poder central.

Esto permitía mantener cierta uniformidad legal y que los decretos del mandatario tuvieran eficacia en todo el territorio.

Los ministerios del Directorio, engranajes ocultos de la revolución

La Asamblea del Año XIII había concebido la necesidad de un poder ejecutivo fuerte, capaz de tomar decisiones rápidas en medio de la guerra y la incertidumbre. 

El director Supremo era el rostro visible del poder, pero sin los ministerios, su autoridad habría quedado en palabras.

El P.E. contaba con tres ministerios principales: el de Guerra y Marina, el de Hacienda y el de Gobierno y Relaciones Exteriores. Cada uno era, en sí mismo, un campo de batalla donde se enfrentaban la improvisación y la necesidad de organización. 

El ministerio de Guerra fue, sin duda, el corazón palpitante del Directorio. Desde allí se supervisaban los ejércitos del Norte, las divisiones en la Banda Oriental y el Ejército de Cuyo, luego transformado en 1816 en Ejército de los Andes, que dependían formalmente de este ministerio. 

Es muy importante destacar -a diferencia de lo que afirman muchos historiadores- que el entonces gobernador intendente de Cuyo y posterior General en jefe del Ejército de los Andes, don José de San Martín, al igual que otros jefes del Ejército del Norte, estaba subordinado al ministro de Guerra. 

Documentos como las "órdenes reservadas para el jefe del Ejército de los Andes", redactadas en diciembre de 1816 por el entonces ministro de Guerra y Marina, brigadier José Florencio Terrada, demuestran que el Libertador fue parte fundamental de ese gobierno independentista, pero que nunca dictó órdenes por su cuenta sin consultar a sus superiores y menos aún dirigió el destino de las entonces Provincias Unidas del Sud, como popularmente se ha dicho.

Las órdenes que llegaban desde Buenos Aires muchas veces eran más deseos que certezas. Faltaban armas, caballos, uniformes; la burocracia se mezclaba con la urgencia. Sin embargo, gracias a este ministerio y a sus hombres, fue posible la construcción de la epopeya militar. 

Si el ministerio de Guerra era visible, el de Hacienda era el ingrato sostenedor de la emancipación. Administraba una caja vacía, la escasez de recursos y las tensiones entre provincias. 

Los ministros debían recurrir a empréstitos forzosos, confiscaciones y donativos patrióticos. El financiamiento de las campañas militares fue un dolor de cabeza constante. 

Aun así, gracias a este ministerio, se sostuvieron expediciones como la del Alto Perú y la travesía sanmartiniana hacia Chile. Cada moneda recaudada, cada resguardo fiscal, era una pequeña victoria silenciosa en medio del caos.

El tercer engranaje era el ministerio de Gobierno y Relaciones Exteriores, encargado de la administración interna y de proyectar la voz de las Provincias Unidas hacia el mundo. 

Mientras las provincias debatían su destino -centralismo o federalismo-, este ministerio se relacionaba con países y reinos, negociaba con enviados españoles y buscaba reconocimiento ante potencias extranjeras. 

Era una diplomacia precaria, hecha a pluma y tinta por hombres con más voluntad que experiencia, pero que sentó las bases de un Estado que aspiraba a ser escuchado más allá del Atlántico. 

La logística militar

En 1814, la caída de Montevideo fue una victoria clave. Hasta ese momento, la ciudad era un bastión realista, una espina en el corazón del Río de la Plata.

Bloquearla desde el río fue una tarea estratégica que unió al Ministerio de Guerra y Marina con el de Hacienda. Con Montevideo en manos patriotas, el comercio fluvial quedó bajo control revolucionario y se abrió la posibilidad de destinar tropas y recursos a otras campañas. 

La victoria fortaleció la legitimidad del Directorio y su capacidad de coordinación. Mientras tanto, las campañas en el Alto Perú fueron un dolor de cabeza constante: los ejércitos patriotas fueron derrotados una y otra vez, drenando recursos y tropas. 

Al mismo tiempo, se sucedían levantamientos internos en gran parte del territorio, principalmente en el Litoral y en otras provincias. A ello se sumaba la amenaza latente, a fines de ese año, de la llegada de una flota enviada por el flamante rey Fernando VII para sofocar la sublevación de sus territorios de ultramar en América del Sur. 

Así, el Poder Ejecutivo tuvo que afrontar esta crítica situación política y militar, marcada por una tensión que condicionó gran parte de la política del período, mostrando que la administración centralizada debía ser ágil y eficiente.

Con la nueva administración del general Álvarez Thomas, se decidió convocar a una segunda Asamblea General Constituyente en Tucumán, cuyo objetivo era declarar la independencia del reino de España y promulgar una Constitución.

Declarada la independencia el 9 de julio de 1816, se decidió formar el Ejército de los Andes para recuperar Chile, que desde 1814 estaba en manos realistas. 

Fue así que se nombró como jefe al general José de San Martín para su organización y marcha. Mientras, el Directorio puso toda la maquinaria estatal al servicio de esa campaña: envió uniformes, encargó la compra de sables y fusiles, autorizó empréstitos, aceptó contribuciones en especie -vacas, mulas, caballos-.

Cada soldado llevaba encima la firma invisible de un funcionario que aprobó un gasto, un impresor que acuñó vales, un ministro que peleó por conseguir fondos y una cadena administrativa vinculada al Ministerio de Guerra, en cuyo despacho se centralizaban las comunicaciones y decisiones. 

La precariedad financiera

Las arcas del Estado patriota, como en la actualidad, estaban siempre al borde de la quiebra. Aumentos de impuestos, empréstitos internos, préstamos particulares, contribuciones forzosas, confiscaciones: todo esto generaba resistencia y, a veces, descontento social. 

En varios casos, comerciantes o hacendados se negaban a pagar impuestos o contribuciones si no veían retornos claros. Las provincias más remotas tardaban en recibir fondos, o los recibían parcialmente. 

Además, financiar campañas continentales requería enormes inversiones adelantadas, y los plazos de retorno eran largos o inciertos, como cuando se esperaba que Chile reconociera gastos o aportara contrapartes. 

Fueron varias las misiones diplomáticas que el Directorio realizó para solicitar préstamos, tanto a países europeos como a los Estados Unidos, pero nunca tuvieron éxito. 

Una de ellas fue la del capitán Martín Jacobo Thompson, enviado por Pueyrredón en 1816 al país del norte, luego de declararse la independencia de España. Sin embargo, el gobierno estadounidense no estaba dispuesto a apoyar la causa americana en aquel momento; sí facilitó el contacto con prestamistas particulares para ejecutar algún crédito que favoreciera a las arcas administradas por el entonces ministro de Hacienda, don Domingo Trillo, pero esto nunca se concretó.

Como desde hace 212 años, la economía fue un verdadero campo minado para los funcionarios del Directorio. Tanto en la vida civil como en la militar, la crisis económica se hacía sentir. 

Los soldados, en ocasiones, cobraban con vales o con tabaco y yerba mate. También los proveedores del Estado se negaban a entregar mercancías por no tener garantías de pago. 

A eso se sumaba el contrabando, que era tan fuerte que muchas arcas oficiales dependían de negocios grises. Cabe destacar que la capacidad de financiar la guerra sin quebrar la legitimidad del Estado fue un desafío constante y puso a prueba la inventiva administrativa de los ministros y del propio director Supremo.

Crisis política y caída del Directorio

De los siete directores Supremos que ejercieron el poder, solo uno completó su mandato y lo prolongó un año más. 

Es importante destacar este punto, porque el primer mandatario, don Gervasio Antonio de Posadas, elegido en 1814, cedió su puesto a su sobrino, el general Carlos María de Alvear, quien renunció a los pocos meses de asumir, tras producirse una sublevación militar. 

Tras esta revuelta, fue reemplazado por un día por el general José Rondeau. Al día siguiente, José Ignacio Álvarez Thomas tomó el mando y renunció unos días antes de cumplir un año en el cargo. Ese lugar lo ocupó interinamente el brigadier Antonio González Balcarce. 

En mayo de 1816, la Asamblea General Constituyente de Tucumán eligió al brigadier Juan Martín de Pueyrredón. De todos los directores, fue el que más tiempo permaneció en el cargo: tres años. 

Su gobierno estuvo acompañado del éxito y la gloria al recuperar el territorio de Chile por el ejército patriota del capitán general José de San Martín. Pero también tuvo que enfrentar varias sublevaciones en el interior del país y la invasión lusobrasileña a la Mesopotamia argentina, al mando del general Lecor. 

Además, sobrevivió a las críticas de sus enemigos, aunque su mandato terminó desgastado y renunció. Fue sustituido por el general Rondeau, que gobernó unos meses. 

Después de la batalla de Cepeda, Rondeau fue reemplazado por Juan Pedro Aguirre -amigo e hijo del padrino de José de San Martín-, quien solo duró once días, cerrando así la lista de los ejecutivos del Directorio. 

La Constitución de 1819 intentó darle un marco legal fuerte al Directorio, pero terminó acelerando su final. El centralismo que planteaba chocó de frente con las provincias federales. 

Fue la batalla de Cepeda, en 1820, la que selló su suerte: el Poder Ejecutivo cayó, el Congreso se disolvió y se produjo la denominada Anarquía del Año XX, un caos absoluto que significó el fin de un poder central fuerte. 

Cada provincia empezó a gobernarse a su manera y el sueño de un Estado nacional unificado quedó en suspenso.

Las lecciones del Directorio

El Directorio fue, en definitiva, el puente entre los discursos y los hechos. Sin él, la independencia de las entonces Provincias Unidas del Sud podría haberse quedado en papel mojado. 

Fue la estructura que permitió constituir ejércitos, financiar campañas, mantener una diplomacia activa, recaudar impuestos y sostener, aunque fuera con alfileres, un proyecto de país. 

Podemos decir que nos dejó lecciones que aún resuenan: que la libertad no se defiende solo con espadas, sino también con oficinas, ministros y escribanos; que las guerras cuestan fortunas y un Estado debe ser capaz de financiarlas sin quebrar su legitimidad; que el centralismo puede ser eficaz en la emergencia, pero tarde o temprano choca con el deseo de autonomía; que las grandes gestas militares, como el Cruce de los Andes, son también hazañas administrativas; y que el general José de San Martín, para llevarlas a cabo, se desenvolvió bajo la dependencia del Ministerio de Guerra y en coordinación con el brigadier José Florencio Terrada. 

Esto prueba que las instituciones creadas por el Directorio eran indispensables para convertir la idea de la emancipación del reino de España en una realidad operativa. 

El Directorio, con todas sus sombras, fue la primera experiencia seria de gobierno y demostró que la independencia no era solo un grito en una plaza, sino un entramado de decisiones, sacrificios y estructuras. 

Y en eso, aunque haya caído en 1820, dejó una huella imborrable en el camino de una incipiente Nación.