4 Julio de 2025 - 07:58
4 Julio de 2025 / Ciudadano News / Otro Punto de Vista
El último miércoles se vivió otra de las tantas jornada en el Congreso de la Nación marcada por gritos, papelones, micrófonos silenciados y acusaciones cruzadas que solo aumentan la desconfianza de los ciudadanos de la Nación marcada por gritos, mientras la Cámara de Diputados se enfrascaba en disputas estériles entre sus miembros.
Como quien abre un libro viejo en busca de respuestas, viajemos atrás en el tiempo. Vayamos a esa Argentina a fines del siglo XIX una época igualmente convulsionada, pero en la que los legisladores -con todos sus defectos y tensiones- todavía eran capaces de pensar proyectos de largo aliento, leyes que dejaban huella.
No se trataba de una élite sin conflictos, sino de hombres con una visión clara: consolidar una nación.
La década de 1880 fue, en muchos sentidos, el verdadero bautismo de fuego de la institucionalidad argentina. Luego de la federalización de Buenos Aires, comenzaba a organizar su estructura política y social.
El Congreso, aún en pañales en términos de funcionamiento moderno, empezó a mostrar músculo.
No había transmisiones en vivo ni redes que los fiscalizaran, pero las crónicas de la época -y las leyes que sobrevivieron- dan testimonio de debates de fondo, con pasión, visión y letra fina.
En lugar de pancartas y show mediático, se discutía el modelo de país.
En la Cámara de Diputados sesionaban figuras que, más allá de sus banderías, dejaron huella.
Estanislao Zeballos, un joven abogado santafesino, fue autor de múltiples iniciativas vinculadas al desarrollo del litoral, el ferrocarril y la expansión territorial.
En sus discursos, aún conservados, puede leerse una prosa encendida, aunque no exenta de polémica, como cuando justificó la Campaña al Desierto en términos que hoy provocarían indignación, pero entonces eran moneda corriente.
Otro nombre ilustre fue Delfín Gallo, tucumano, periodista y político. Su compromiso con la educación y la institucionalidad lo convirtió en un referente del pensamiento moderno.
Fue una de las voces más firmes en los debates sobre la Ley 1420, defendiendo la necesidad de una educación gratuita, obligatoria y laica como pilar del progreso.
Murió joven, pero su huella quedó.
Desde la provincia de Córdoba asomaba un reformista: Ramón J. Cárcano. Su paso por la Cámara lo mostró metódico, más abogado que orador, pero igualmente comprometido con la organización administrativa del país.
Su mirada sobre el federalismo sería materia de estudio años más tarde.
Ataliva Roca, hermano del presidente, también integraba la Cámara, defendiendo los lineamientos políticos del roquismo.
Y por Capital, destacaba Nicolás Calvo, un conservador pragmático que supo tejer alianzas claves para avanzar en la modernización de la ciudad.
En el Senado, el clima era más solemne. Uno de los nombres que resalta es el de Antonino Cambaceres, senador por la Ciudad de Buenos Aires, literato refinado y autor de novelas que retrataban los vicios de su tiempo.
Su voz era escuchada con respeto, no solo por su oratoria, sino por su formación humanista. Defendía el equilibrio entre el progreso y la ética.
Lo acompañaba Diego de Alvear, de apellido ilustre y verbo punzante. Con él, los debates sobre la organización del Estado eran profundos.
Ambos formaban parte del ala más ilustrada del Senado, defensores de una república sólida y con instituciones.
Aunque el Senado no siempre era la caja de resonancia de los grandes debates públicos, su rol fue crucial durante la sanción de la Ley 1420.
Algunos senadores, como José Manuel Estrada, se opusieron fervientemente a la versión laica de la norma, proponiendo una alternativa que incluyera educación religiosa. Aunque su proyecto fue derrotado por falta de votos, su intervención marcó un hito en la relación entre Iglesia y Estado.
El 8 de julio de 1884, en medio de tensiones, el Congreso aprobó la Ley 1420 de Educación Común. No fue una simple resolución: fue una declaración de principios.
El proyecto había pasado por semanas de debate encarnizado. Los liberales, como Onésimo Leguizamón y Pedro Goyena (aunque luego se acercaría a posturas católicas), veían en la educación laica la única forma de formar ciudadanos libres.
En la vereda opuesta, hombres como Manuel Láinez o Estrada advertían que excluir a la religión sería quebrar el alma nacional.
El Senado llegó a votar una versión más moderada con enseñanza religiosa optativa, pero no alcanzó los dos tercios. Prevaleció la ley laica, con 44 votos a favor en Diputados y un empate técnico en el Senado, que terminó consagrando la versión original.
Ese día, más allá de las diferencias, se impuso la ley. Una ley que, con sus virtudes y defectos, cimentó el camino de la educación pública argentina.
Volvamos a este julio de 2025. Basta repasar el Diario de Sesiones de 1884 para notar la diferencia.
No eran santos ni mártires. Tenían intereses, ambiciones y errores. Pero discutían ideas, no slogans ni relatos. Redactaban leyes pensando en décadas, no en tendencias.
Algunos, como Zeballos o Cárcano, hasta diseñaban reformas con visión geopolítica. Hoy, en cambio, el Congreso parece reducido a un set de televisión en un programa de chismes farandulero.
¿Qué pasó? ¿Cuándo se deshilachó el hilo que unía política con grandeza? ¿Qué se perdió en el camino desde aquellas sesiones en las que se gestaban leyes que beneficiaba a la República, hasta este presente donde una ley básica naufraga entre gritos?
No se trata de idealizar el pasado, pero sí de tomarlo como espejo. Aquellos diputados y senadores no tenían WhatsApp ni conferencias de prensa cada quince minutos. Pero sabían que el Congreso era más que un recinto: era un lugar sagrado donde se escribía el destino.
Ojalá las crónicas del futuro puedan decir que este bochorno del 2 de julio de 2025 fue el último, y que aprendimos algo de nuestros antecesores. Que volvimos a discutir en serio.
Porque si no aprendemos del ejemplo de Gallo, Zeballos, Cárcano, Cambaceres o Láinez, quizás no merezcamos sus conquistas.
