La acusación del fiscal Diego Luciani en el juicio oral contra Cristina Kirchner es casi una excepción en las investigaciones por corrupción de la Justicia Federal en la Capital. En los últimos 30 años, sólo el 12% de las causas por corrupción llegó a juicio oral.
En declaraciones en el programa Metaverso, lunes a viernes de 9 a 11 por Ciudadano News, Joaquín Caprarulo, abogado y coordinador del programa Fortalecimiento de la Democracia de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), expresó: “El dato lo que hace es confirmar un diagnóstico que tiene mucho tiempo en Argentina, que está asociado a la forma en que se investigan los delitos de corrupción y las grandes deficiencias y déficit que tiene sobre todo el sistema penal federal para tratar este tipo de causas, donde vemos causas que avanzan con extremada lentitud y además, un porcentaje muy bajo de causas que llegan a la instancia de juicio oral, lo cual puede responder a una multiplicidad de factores".
Y el profesional amplió que “por un lado, hay escasa voluntad del propio sistema de justicia por diferentes incentivos de llevar estas causas hasta el momento del juicio oral, donde se expone la prueba, se debate en torno a la imputación de los diferentes delitos, también, otros factores como la forma en la que se ha judicializado la política en la Argentina en los últimos años y la cantidad muchas veces de denuncias inconducentes que se presentan ante el sistema de justicia, que agrandan el universo en cantidad de causas de corrupción que muchas veces son desestimadas y eso también hace que colabore a que este promedio de causas que llegan a juicio oral sea extremadamente bajo".
Al consultarle de las causas de corrupción se tramitan solamente en los tribunales federales de Comodoro Pi, Caprarulo explicó: "Eso es para delitos federales, las causas de corrupción provinciales se tratan en las justicias provinciales y las causas que atañen a funcionarios y funcionarias del Gobierno nacional son competencia de los juzgados de Comodoro Pi, que es la Justicia penal federal de la Capital Federal".
Con respecto al período de 30 años que se toma como referencia y cuántas son las denuncias que han llegado a presentarse, el abogado dijo: "Son varios miles de denuncias, tenemos publicado algunos datos generales, en estos últimos 30 años, más de 1.100 denuncias cerradas, tal como las clasifica el Observatorio de la Corte Suprema, nosotros tomamos los datos en crudo como los publica la Corte Suprema del Centro de Información Judicial, a partir de todo eso fue que pudimos elaborar esta estadística".
Y completó: “Actualmente, hay 1.100 causas aproximadamente que ya fueron cerradas y unas 400 que todavía continúan abiertas".
"Son una multiplicidad de factores que tienen que ver a grandes rasgos con la falta de independencia del sistema judicial, por lo menos en lo que atañe al desempeño de lo que llamamos Comodoro Pi", dijo sobre lo bajo que era el número de causas que llegan a resolución final.
Y amplió: "Tenemos un Poder Judicial que es muy permeable a los problemas de la política, que ha utilizado discrecionalmente los tiempos procesales como mecanismos de presión o incluso de negociación, es decir, se pisan y aceleran los expedientes en función de determinado clima. O como hemos visto también en Argentina, cuando termina un gobierno de repente es cuando empiezan a activarse los expedientes del gobierno saliente y así con cada gestión, independientemente de su signo político".
“Necesitamos un proceso de mayor apertura del trabajo del Poder Judicial en estas causas, donde la ciudadanía pueda seguir mucho más de cerca qué está pasando con el trámite de estos expedientes, sobre todo para eliminar dudas sobre incluso que la ciudadanía pueda llegar a hacer sus propias conjetura, pero además, para poder descansar con la tranquilidad de que tenemos un Poder Judicial que está investigando como tiene que investigar, en los términos que tiene que hacer y que está llegando a conclusiones imparciales".
“Ahí viene un desafío muy grande y de reforma que hay que encarar, sobre todo en el sistema judicial argentino, que no hay ninguna gestión hasta ahora, no han impulsado ningún gobierno en particular, se ha impulsado algunos parches muy eventuales que han demostrado ser completamente insuficientes".
Al consultarle cuáles son los funcionarios o políticos que tienen más acusas abiertas, el abogado expresó: "Todas las grandes autoridades de todos los gobiernos aparecen entre los principales denunciados, Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri, funcionarios de la primera línea aparecen como los más denunciados. Entre otras cosas, porque la judicialización de estos casos se ha convertido también en una herramienta política, lo cual es bastante problemático".
Con relación a ficha limpia, "es una discusión sobre la que hay que tener mucho cuidado, sobre todo en un contexto en el cual observamos que no tenemos garantías suficientes de un tratamiento imparcial por parte de la justicia en este tipo de causas".
Entonces, "la posibilidad de que una persona pueda presentarse a una elección sin tener una condena firme es una discusión que deberíamos dar en un contexto en el que tenemos plenas seguridades de que el sistema de justicia funciona de manera plenamente independiente y, hoy honestamente creo que no sería el caso, es una discusión que hay que dar con muchísimo cuidado, atendiendo a desafíos y diagnósticos que tenemos sobre la forma en que funciona el sistema de justicia, porque tampoco podemos permitir que el énfasis en el combate que la corrupción termine derivando en un socavamiento de la democracia y el ejercicio de elecciones libres y plurales en Argentina", completó.