El cobre es un metal que se utiliza para la fabricación de cables, los que más tarde, son usados para todo lo que tiene que ver con el transporte de la energía eléctrica. Debido a su costo, surge lo que se denomina la "mafia del cobre", que se encarga de secuestrar kilos de cable para luego venderlo de manera ilegal.
Mercedes Rus, senadora y autora del proyecto, politólogo y consultor político, habló con El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por Facebook y YouTube de Ciudadano News) e indicó que hay un proyecto para combatir a estos grupos.
“Se trata de un registro que crea un marco normativo para fiscalizar y dar trazabilidad a metales no ferrosos, especialmente lo que tiene que ver con el cobre y aluminio. Sabemos de un mercado ilegal sobre estos dos metales".
En este sentido, contó que "el Ministerio de Seguridad incautó 8 toneladas de cobre en una chacarita" y que el mercado es ilegal, ya que en varias ocasiones la mercadería se "intenta sacar del país".
Por su parte, comentó que en estos casos la “Provincia de Buenos Aires tiene una normativa que nosotros observamos a la hora de redactar y estudiar la técnica legislativa para Mendoza" y explicó: "Se busca crear un registro para la actividad relacionada a metales no ferrosos se tiene que inscribir y tiene que tener las certificaciones para poder demostrar de donde obtiene ese cobre para comercializarlo lícitamente y también se le entrega facultad al Ministerio de Seguridad para que haga las inspecciones y no necesita de la municipalidad para que inspectores lo acompañen. En su caso pueden hacer secuestro de la mercadería que no se pueda acreditar el origen lícito y hacer clausura".
Asimismo, recordó que en 2019 “hubo una ley específica que tenía que ver con la compra y venta de autopartes" y destacó que "en determinados momentos el mercado ilegal de determinados bienes es tan alto, que repercute en estadísticas delictuales en zonas rurales y demás" relacionándolo con el cobre.
Finalmente, concluyó: “Acá se prevé que la norma tiene prescripciones administrativas y una perspectiva penal o sancionatoria administrativa, porque establece multas que las tiene que aplicar el Ministerio de Seguridad y en instancia de apelaciones podrá llegar un código a un juez de faltas en apelación”.