Media sanción al proyecto para pagarle al FMI con bienes fugados

Este jueves, el interbloque del Frente de Todos logró darle media sanción al proyecto de ley que propone la creación del Fondo Nacional para la Cancelación de la Deuda con el FMI, o también denominada por legisladores de Juntos por el Cambio como “ley de blanqueo”.

Según indica la iniciativa firmada por los senadores José Mayans, Oscar Parrilli y Anabel Fernández Sagasti, las personas alcanzadas por este aporte deberán abonar, en dólares, el equivalente al 20% de sus activos fugados sin declarar si lo hacen durante los primeros 6 meses de vigencia de la ley propuesta y un 35% en caso de hacerlo con posterioridad.

Luego de casi ocho horas de intenso debate y algunas pocas chicanas políticas, la votación final terminó con media sanción por 37 votos favorables y 31 en contra.

Según el miembro informante del FdT, el senador Daniel Bensusán el proyecto no se trata de “un blanqueo” sino que “implica evitar que los contribuyentes paguen la millonaria deuda” contraída y que “la paguen y hagan aportes quienes se beneficiaron” con la fuga de capitales y aclaró que la norma “no exime de responsabilidades por contrabando, narcotráfico o trata de personas ni limita actuales facultades del Estado para investigar y sancionar conductas”.

En tanto, desde la oposición, Víctor Zimmermann aseguró que “evitar la evasión y mejorar la recaudación es un objetivo compartido” pero aclaró que el actual proyecto se superpone con normas que ya rigen y que perjudican esos objetivos y sostuvo que “es absolutamente innecesario impulsar una ley de estas características”.

Las bases del proyecto

La creación del “Fondo Nacional para la Cancelación de la deuda con el FMI” implica que los alcanzados por este aporte abonen, en dólares, el equivalente al 20% de esos activos fugados sin declarar si lo hacen durante los primeros 6 meses de vigencia de la ley propuesta y un 35% en caso de hacerlo con posterioridad.

Además, crea la figura del “colaborador”, es decir que son aquellas personas físicas o entidades bancarias que faciliten el hallazgo de bienes no declarados. También se promueve la reforma de la ley de Entidades Financieras en materia de secreto bancario, bursátil y fiscal. Para el colaborador se establece en 500.000 dólares el monto mínimo para denunciar y la recompensa queda fijada en 30% en dólares y no está sujeto a Ganancias. 

Previendo la posibilidad de tener datos falsos, en el texto del proyecto quedó establecido que aquel que brinde información falsa con la intención de difamar estaría cometiendo un delito.

Otro punto clave es el que hace referencia al rol de los bancos, por lo que establece que “los bancos son los agentes recaudadores”. Si son bancos que están en otras jurisdicciones que no colaboran, se le permitirá que la AFIP “le pueda pedir al Banco Central para que actúe sobre la filial local de esos bancos y se le apliquen las sanciones que prevé la ley, incluso hasta la revocación del permiso para operar”.

De igual modo, queda establecido que el proyecto de ley releva del deber de confidencialidad “a los bancos, pero no a los contadores y escribanos, ya que estas personas no pueden ser colaboradores”.

Según los creadores del proyecto se puede llegar a recaudar más de 20 mil millones de dólares, para el pago de los 44 mil millones de deuda que tomó el gobierno de Mauricio Macri en 2018. 

En tanto, si se aprueba la ley, estará en vigencia hasta recaudar la misma cifra que se le adeuda al FMI.