El despacho de comisiones de Justicia y Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de la Nación encendió aún más las alarmas de muchos sectores que no aceptan lo que el Gobierno pretende hacer con el Ministerio Público Fiscal.
A pesar de que el proyecto tuvo modificaciones y todavía no pasa al recinto de sesiones para su tratamiento, mantiene las limitaciones del mandato del procurador a cinco años y su designación por mayoría absoluta.
Ambos puntos hasta ahora eran vitalicios y el nombramiento con los dos tercios de los legisladores nacionales sentados en sus bancas, puntos que incluyen otros absolutamente observados por sectores económicos, políticos y jurídicos, sobre todo, estos últimos que aseguran que, de concretarse la reforma, dejarían con absoluta debilidad al Ministerio Público Fiscal, de tal manera que cuando tenga que investigar actos de corrupción en el Estado perpetrados por altos funcionarios, será un trabajo casi imposible.
De allí, la importancia para tener en cuenta sobre el pronunciamiento del Foro de Convergencia Empresarial, integrado por empresarios y ejecutivos nacionales, con importante presencia de Mendoza.
De igual modo, la entidad que aglutina a otro sector del país, como la Cámara de los Estados Unidos en la República Argentina (AmCham). También el del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA), entidades, muestran públicamente, como nunca en cuestiones de Estado, su preocupación por lo que le pueda suceder a la institucionalidad del país.
El Ciudadano tuvo acceso a los dos documentos que llamaban a la reflexión de los legisladores nacionales que tienen en la Cámara baja la responsabilidad de tratar o rechazar la media sanción que proviene del Senado, mostrando las consecuencias delicadas consecuencias que traería en todos los aspectos de la vida del país.
La aprobación de este proyecto impactaría en forma negativa en todo proyecto de reducir la pobreza en el país
El Foro de Convergencia Empresarial señala: “El acuciante desafío de disminuir la pobreza requiere de instituciones republicanas sólidas, que brinden la previsibilidad y confianza imprescindibles para que aumente la inversión y se generen oportunidades de trabajo y desarrollo. Las modificaciones propuestas en el proyecto de ley debilitan la independencia del Ministerio Público y, por ende, su aprobación tendría un impacto muy desfavorable en cualquier plan que se proponga impulsar para reducir los niveles de pobreza”.
El documento recuerda más adelante a los legisladores, “como ya mencionamos en la carta enviada a los diputados el 30 de abril de 2021, son tantas y tan severas las deficiencias del proyecto CD-180/20, entre las que cabe señalar la modificación de las mayorías para la designación del procurador general, las modificaciones en la composición del jurado de enjuiciamiento y las facultades otorgadas a la Comisión Bicameral de Seguimiento, que consideramos que el mismo debe ser rechazado en su totalidad, no pudiendo subsanarse sus defectos mediante modificaciones al texto aprobado en el Senado”.
Finalmente, el pronunciamiento empresarial advierte: “Consideramos inoportuno, además, promover una reforma que genera crispación y divisiones en momentos en que se debe fomentar la unidad de la sociedad para superar el flagelo de la pandemia”.
Velar por el ejercicio pleno de la división de poderes
Para la Cámara de los Estados Unidos en la República Argentina (AmCham), “pretender modificar las mayorías requeridas para la designación del procurador general de la Nación y los cambios en los tribunales de enjuiciamiento de fiscales federales representa un grave retroceso institucional, porque afecta seriamente la independencia y la autonomía del Ministerio Público establecida por la Constitución Nacional en su reforma de 1994. Por el contrario, mantener la actual mayoría extraordinaria, garantiza la búsqueda de acuerdos y el consenso entre las miembros del Congreso, eslabón fundacional de un republicanismo sólido y soberano”.
Su documento, también sostiene: “Entendemos que el proyecto CD-180/20 debe ser rechazado en su totalidad. Velar por el ejercicio pleno de la división de poderes, siendo éste un principio fundamental de la democracia es una responsabilidad de todos los actores, entre ellos, del sector empresario. Nuestro llamado es a una reflexión profunda de los integrantes de la Honorable Cámara de Diputados. Les pedimos que actúen en base a la defensa de la Constitución y del bien común”.
Una Justicia independiente, transparente y eficaz que garantice plena vigencia de derechos de las personas
El pronunciamiento del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) tuvo el mismo tenor de sus pares y recuerda: “La reforma constitucional de 1994 estableció que el Ministerio Público debe ser un órgano independiente, con una conformación neutral y al margen de cualquier criterio partidista y cuya legitimidad se afiance en la defensa de la legalidad. Sin embargo, el contenido del Proyecto de Reforma del Ministerio Público va en sentido contrario a lo dispuesto por nuestra Carta Magna”.
La proclama ejecutiva, señala más adelante: “Ante las urgencias que vive nuestro país resulta necesario contar con reglas claras, perdurables en el tiempo y una Justicia independiente, transparente y eficaz que garantice la plena vigencia de los derechos de todas las personas".
Remarca, finalmente: “La falta de confianza en las instituciones y la incertidumbre desalientan la inversión y, en consecuencia, debilitan el crecimiento económico. En este sentido, la Argentina tiene que reorientar sus prioridades para seguir trabajando en la creación de empleo genuino y en la disminución de la pobreza a fin de mejorar el nivel de vida de toda la ciudadanía. Sin calidad institucional, nuestra sociedad no puede funcionar y no habrá justicia social. El compromiso con la misma debe ser la guía que permita a nuestro país pensar en un desarrollo sostenible en el largo plazo”.