Fue en 1982
En el marco de una causa iniciada por tres soldados conscriptos en 2006 los cuales denunciaron dos hechos de aplicación de tormentos durante el conflicto por la recuperación de las Islas en 1982, la fiscalía de Río Grande pide la detención de 10 militares acusados.
Se trata del requerimiento efectuado por el fiscal federal Marcelo Rapoport para los imputados que ocuparon cargos jerárquicos en la Brigada de Infantería III y en el Regimiento de Infantería 4.
Según reveló el portal fiscales.gob.ar, dicha solicitud se dio en el marco de la causa que investiga a las autoridades castrenses por la orden y ejecución de distintos delitos calificados como crímenes de lesa humanidad -en este caso por aplicación de tormentos contra jóvenes convocados al Servicio Militar Obligatorio.
Los acusados son: Diego Soria, Ricardo Cordon, Clemente Pecora, Jorge Echeverria, Jorge Chaud, Carlos López Paterson, Jorge Farinella, Alejandro Moughty, Orlando González y Rafael Barrientos, quienes ocuparon cargos jerárquicos en la Brigada de Infantería III y en el Regimiento de Infantería 4, así como las planas mayores respectivas.
La reciente presentación de Rapoport comprende dos hechos que ocurrieron en Monte Kent y Monte de las Dos Hermanas: el primero se registró a fines de mayo de 1982 cuando uno de los soldados debía realizar un cambio de guardia con su compañero, quien se quedó dormido como consecuencia de la falta de alimentación y la falta de sueño debido a los constantes bombardeos nocturnos.
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Como reprimenda, dos cabos los castigaron estaquéandolos, y fueron atados por la espalda, uno con otro, con sus piernas y brazos extendidos, parados, y mantenidos en esa posición durante toda una noche.
Ambas víctimas cayeron como prisioneros de guerra de los ingleses a comienzos de junio de 1982, y viajaron de vuelta al continente en el Buque Canberra.
Tras llegar a Puerto Madryn fueron enviados a la guarnición militar de Campo de Mayo, donde estuvieron 4 o 5 días "engordando", por lo que la fiscalía describió que allí los hicieron firmar unos papeles y les impusieron un "pacto de silencio".
El segundo hecho tuvo como víctima a un soldado que en su testimonio narró constantes malos tratos y discriminación por su condición de indígena, al explicar que a fines de mayo de 1982 fue castigado sin razón aparente y fue estaqueado: lo ataron de pies y manos sobre una roca, con la ropa puesta pero desabrochada la chaqueta.
En su declaración no recordó cuánto tiempo se extendió esa situación, pero calculó que fueron alrededor de cinco horas en las que nevó y lloviznó, y recordó que cuando lo desataron regresó a su carpa con dificultad para moverse por el frío. Al igual que las otras dos víctimas, en la guarnición de Campo De Mayo también debió firmar unos papeles "para no hablar" respecto a lo ocurrido en las islas.
Cabe destacar que la causa se abrió en 2006 y no ha tenido avances desde mayo de 2021 luego de un pronunciamiento dictado por la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal que, ante un recurso de casación interpuesto por una de las defensas, determinó por mayoría que otros hechos similares a los impulsados ahora no eran delitos de lesa humanidad y que por ende se encuentran prescriptos.
Ese fallo fue recurrido por el Ministerio Público Fiscal y por los querellantes ante la Corte Suprema, por lo que la jueza federal Mariel Borruto (quien había calificado los delitos como de lesa humanidad) optó por aguardar ese pronunciamiento para continuar con el desarrollo de la investigación.