29 Agosto de 2025 - 14:05
29 Agosto de 2025 / Ciudadano News / Judiciales
En la provincia de Río Negro, un hombre fue condenado después de pasar por un juicio abreviado en el que se unificaron cuatro expedientes por hechos cometidos en apenas dos años.
La sentencia fue homologada en la mañana de este viernes por el tribunal, luego de que el acusado admitiera su responsabilidad y aceptara la calificación legal propuesta por la fiscalía, por la que recibió una pena de ocho años de prisión.
El imputado ya se encontraba detenido con prisión preventiva efectiva desde el 9 de junio de este año, una medida dispuesta por un juez de Garantías.
La acusación contra el individuo indicaba que el primer episodio delictivo ocurrió en agosto de 2023, cuando el condenado cumplía detención en el Establecimiento de Ejecución Penal N° III, y allí participó junto a otros internos de una violenta agresión física contra dos personas.
Además, profirieron amenazas con el objetivo de condicionar la conducta de las víctimas para intentar que no declararan en un proceso judicial interno.
Un año después, tras ser liberado fue detenido circulando en una motocicleta sin patente reglamentaria, pero además portaba un arma de fuego cargada sin autorización legal y documentación perteneciente a un tercero, situación que derivó en imputaciones por portación ilegal de arma y encubrimiento.
Pero el imputado no dejó de portarse mal, ya que en noviembre de 2024, mientras estaba bajo prisión preventiva con monitoreo electrónico, se quitó la pulsera de geolocalización y permaneció prófugo hasta junio de 2025.
Además, durante ese período se le secuestró otra arma de fuego no registrada ante la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC).
En abril de 2025, mientras estaba prófugo, ingresó armado a una verdulería y mediante intimidación se apoderó de 300.000 pesos, aunque no pudo determinarse la aptitud del arma utilizada si fuese disparada.
El raid delictivo tuvo punto final cuando, entre el 2 y el 3 de junio de 2025, junto a su pareja y otro hombre, llevó amenazó a una víctima con llamadas extorsivas, simulando ser un fiscal y un abogado.
Con esa maniobra, los tres pillos hicieron que la víctima transfiriera casi dos millones de pesos y entregara computadoras y una consola. Después, simulando que su vida corría peligro, la retuvieron bajo amenazas.
En este punto, la fiscalía pudo sostener la acusación con pruebas testimoniales, documentales y periciales, tales como declaraciones de policías, análisis de cámaras de seguridad, informes médicos, pericias balísticas y registros de control de medidas cautelares.
Con todas esas pruebas, el tribunal lo declaró responsable de una abultada lista de delitos que incluye evasión y tenencia ilegal de arma de guerra; lesiones leves y amenazas coactivas; portación ilegal de arma de fuego de uso civil condicional y encubrimiento por receptación sospechosa; estafa; robo agravado por el uso de arma; robo simple y privación ilegítima de la libertad.
Redactada con información de Agencia Noticias Argentinas.
