¿Crimen perfecto?
El asesinato de Nora Dalmasso en su casa de Río Cuarto, Córdoba, en noviembre de 2006, marcó uno de los crímenes más resonantes e intrincados de la historia judicial argentina.
Inicialmente, la investigación apuntó a distintas hipótesis, incluyendo un crimen pasional y un móvil económico, hasta que el viudo, Marcelo Macarrón, fue llevado a juicio oral como único acusado por instigación al homicidio calificado.
Tras un proceso judicial que duró casi un año, Macarrón fue absuelto en 2022 por el beneficio de la duda. El veredicto no solo dejó al descubierto la fragilidad de la acusación final, sino que devolvió el expediente a fojas cero.
A 19 años del crimen, la pregunta sigue siendo la misma: ¿quién mató a Nora Dalmasso? Pero ahora, la incógnita se extiende al Poder Judicial y, específicamente, a algunos de sus funcionarios.
El futuro de los fiscales del caso Dalmasso
Con el fallo de absolución en mano y la causa técnicamente prescripta para cualquier nuevo imputado (el delito de homicidio prescribe a los 15 años), el foco se ha desplazado hacia la cadena de errores, negligencias y cambios de rumbo en la investigación.
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Los distintos fiscales que intervinieron a lo largo de las casi dos décadas -entre ellos Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro- manejaron diversas líneas, desde Facundo Macarrón (hijo de la víctima) hasta un trabajador de la zona rural, para finalmente enfocarse en el viudo.
"Hay un consenso general en el foro local de que la investigación estuvo viciada desde el inicio. El cúmulo de errores iniciales hizo imposible sostener cualquier hipótesis en el debate", indicó un analista judicial.
Tras el fracaso del último juicio, no se descarta que el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba o la Fiscalía General inicien expedientes de control interno.
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Fuentes cercanas al proceso aseguran que "la falta de un culpable obliga a revisar la actuación profesional de quienes tuvieron a cargo el expediente, ya sea por negligencia o por fallas de procedimiento que afectaron la recolección de pruebas clave".
Si bien las responsabilidades penales son difíciles de probar, es viable que los fiscales sean sometidos a sumarios administrativos por la Junta de Enjuiciamiento, lo que podría derivar en sanciones, suspensiones, o incluso pedidos de destitución.
El tiempo transcurrido, 19 años, no es un aliado. El fracaso judicial en el caso Dalmasso no solo implica la impunidad del asesino, sino la posibilidad de una sombra permanente sobre las carreras de los funcionarios que, de manera consecutiva, no lograron llevar la verdad a la justicia.
¿Crimen perfecto o investigación deficiente?
A casi dos décadas de impunidad, la etiqueta de "crimen perfecto" sobrevuela el caso. Sin embargo, en el ámbito judicial y criminalístico, esa figura suele ser reemplazada por la de la "investigación imperfecta".
La incapacidad para descubrir al asesino y sostener una acusación sólida contra los acusados sugiere fuertemente que no estamos ante una obra de genialidad criminal, sino ante una concatenación de errores procesales y metodológicos que comprometieron la escena del crimen y las pruebas iniciales.
La absolución, aunque legal, es la máxima evidencia de que el fracaso es atribuible a la fase de instrucción, más que a la astucia del verdadero culpable.
Mientras la verdad de lo ocurrido esa noche permanezca oculta, el caso Dalmasso será recordado como un paradigma de la deficiencia investigativa.
Así, el sistema judicial y los fiscales del caso Dalmasso están bajo consideración social.