22 Agosto de 2025 - 14:15
22 Agosto de 2025 / Ciudadano News / Judiciales
La diputada provincial Sol Salinas, del bloque Unión PRO, dio detalles sobre el proyecto de ley de su autoría que presentó en la Legislatura mendocina con el que busca introducir reformas al Código Procesal Penal (Ley N° 6730) con el propósito de reforzar la responsabilidad procesal, garantizar derechos y evitar el uso ilegítimo del sistema penal de Mendoza.
De acuerdo a lo que explicó, la iniciativa parte de "una problemática que se ha vuelto cada vez más visible en los tribunales: la utilización del proceso penal como mecanismo de daño ilegítimo, a través de denuncias que, una vez agotada la instancia judicial, resultan infundadas, falaces o formuladas con dolo".
La legisladora mendocina fundamentó su propuesta en que el uso fraudulento de las denuncias no es un fenómeno aislado. Se manifiesta en conflictos familiares o patrimoniales, disputas laborales, intentos de obtener ventajas en otros fueros, rupturas sentimentales traumáticas, peleas por la tenencia de hijos o incluso en operaciones de desprestigio político, empresarial o comunitario.
"Con esta reforma buscamos que la Justicia no se desentienda de los casos en los que queda demostrado que nunca existió delito o participación de la persona imputada. El Estado debe hacerse cargo de esa conclusión y analizar si corresponde investigar penalmente a quien originó la causa de manera dolosa", explicó Salinas.
El proyecto incorpora tres mecanismos concretos. Uno es la advertencia legal obligatoria que se hará al momento de realizar una denuncia, es decir, la persona será informada expresamente sobre las consecuencias de formular una denuncia falsa, conforme al artículo 245 del Código Penal.
También se refiere a compulsas judiciales fundadas cuando un juez dicte sobreseimiento o absolución por inexistencia del hecho o falta de participación del imputado, y deberá remitir los antecedentes al Ministerio Público Fiscal para que evalúe si corresponde abrir una investigación por denuncia falsa.
Finalmente, si el juez no hubiera remitido la compulsa en el plazo establecido, la propia persona afectada podrá solicitarla como herramienta mínima de reparación institucional.
El proyecto no crea nuevos delitos ni altera estándares de prueba. Tampoco habilita compulsas automáticas ni indiscriminadas: toda decisión quedará sujeta a una valoración fundada del Ministerio Público Fiscal, en el marco del principio acusatorio.
Además, según la autora la iniciativa, reconoce los riesgos de generar efectos inhibitorios, por lo que establece criterios "objetivos y compatibles con la jurisprudencia nacional e internacional", incluyendo los órganos de aplicación de la Convención de Belém do Pará, que señalan que el uso indebido del sistema penal también puede constituir violencia institucional.
La diputada Salinas destacó que la propuesta "no busca desalentar las denuncias legítimas, sino fortalecer la confianza en la Justicia penal, evitar abusos y proteger tanto a las víctimas verdaderas como a las personas injustamente señaladas".
En definitiva, se trata de que las denuncias falsas no queden impunes y que el sistema judicial asuma activamente la responsabilidad de controlar su propia instrumentalización indebida.
Complementando la primera iniciativa, Salinas presentó otra serie de reformas al Código tendientes a establecer un nuevo régimen de designación, actuación y responsabilidad de peritos psicólogos y psiquiatras en causas penales vinculadas a delitos contra la integridad sexual y violencia de género.
El proyecto de ley propone una reforma basada en tres herramientas principales.
1- Registro Especial de Peritos: coordinado por la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, con participación del Ministerio Público Fiscal y del Colegio de Psicólogos. La designación de peritos se realizará por sorteo de ternas, asegurando objetividad, transparencia y profesionalismo.
2- Sistema de guardias rotativas: bajo regulación de la Suprema Corte, para garantizar la disponibilidad permanente de peritos en casos urgentes, especialmente cuando hay personas privadas de la libertad. Este mecanismo estará basado en criterios objetivos, equitativos y con adecuada compensación.
3- Régimen de plazos, deberes y sanciones: que establezca obligaciones claras para los peritos (aceptación del cargo en 48 horas, entrega de informes en diez días hábiles) y sanciones por incumplimiento, que van desde suspensiones temporarias hasta la exclusión definitiva del registro y pérdida de honorarios.
