12 Diciembre de 2025 - 17:16
12 Diciembre de 2025 / Ciudadano News / Judiciales
La investigación sobre el presunto lavado de activos, que originalmente estaba en manos del juez federal Daniel Rafecas, ahora tramitará en la órbita del Juzgado Nacional en lo Penal Económico 10, a cargo de Marcelo Aguinsky.
La Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal resolvió la disputa de competencia,. El tribunal sostuvo que los hechos encuadran, en principio, en el delito previsto en el artículo 303 del Código Penal. Al no advertirse elementos que justificaran la intervención del fuero criminal federal, la causa debe seguir su curso en la jurisdicción penal económica, especializada en materia de orden económico y financiero.
El conflicto de competencia se había originado luego de que el juez Rafecas se declarara incompetente y enviara el expediente al fuero penal económico, cuya magistrada interina previamente había rechazado la intervención y devuelto la causa. La investigación se centra en Nicolás Pantano y Ana Lucía Conte, quienes son acusados de haber comprado un inmueble en Pilar sin respaldo económico suficiente a través de la firma Real Central S.R.L..
La reasignación de la causa ocurre tras el allanamiento en la finca de Pilar que había sido ordenado por Rafecas. Este procedimiento fue dispuesto como medida de prueba para determinar el valor real de la propiedad y establecer si integra un esquema de ocultamiento patrimonial vinculado a dirigentes de la AFA.
En la finca, ubicada en Villa Rosa, partido bonaerense de Pilar, los investigadores hallaron 45 autos de lujo y/o de colección, 7 motos de alta cilindrada y 2 kartings. Fuentes judiciales indicaron que todos los vehículos son propiedad de la firma Real Central SRL,.
La finca es atribuida al presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, y a Pablo Toviggino, en el marco de la investigación patrimonial. El predio se encuentra registrado a nombre de la sociedad Real Central SA, que pertenece a Luciano Pantano y su madre, Ana Conte.
El procedimiento incluyó la filmación completa del lugar y la toma de fotografías en todas las áreas del inmueble. Además, ingresaron seis peritos designados para realizar la tasación del inmueble y los objetos suntuarios encontrados, incluyendo vehículos. Tres peritos fueron enviados por la Corte Suprema y tres por el Colegio de Martilleros de San Isidro.
