15 Enero de 2025 - 10:43
15 Enero de 2025 / Ciudadano News / Judiciales
La Justicia Nacional del Trabajo dispuso este martes una medida cautelar que ordena al Gobierno nacional y a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) abstenerse de adoptar cualquier medida que afecte la estabilidad laboral de los empleados y funcionarios de la ex AFIP.
Por mayoría, resolvió la Sala de Feria del tribunal ante un reclamo que había iniciado la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos (AEFIP). En su sentencia, los jueces Gabriel De Vedia, Roberto Pompa y Mario Fera (en disidencia), revocaron una decisión de primera instancia y dieron lugar al reclamo del sindicato, por lo que el Poder Ejecutivo queda imposibilitado para avanzar en la reducción del 80% de los salarios directivos y la reducción de la estructura que habían sido anunciadas por el presidente Javier Milei.
La medida cautelar dictada por la justicia también alcanza al personal enrolado en SUPARA, el gremio que representa a los trabajadores de Aduana.
El Gobierno había anunciado que buscaría reducir el 15% del personal de ARCA, lo que representa unas 3.155 personas. Uno de los primeros cambios en el organismo recaudador, fue la salida de Florencia Misrahi y su reemplazo por Juan Pazo.
El Ejecutivo pretendía que la Justicia del Trabajo no fuera competente para intervenir en la causa, pero la Cámara rechazó el argumento por estar ambos gremios y sus representados comprendidos en los Convenios Colectivos de Trabajo y coincidió el Ministerio Público Fiscal.
La demanda presentada apuntó a que en el informe brindado por el Gobierno de Milei al Senado se contemplaba un "inminente proceso de restructuración y disminución de personal- afectan los derechos laborales (individuales y colectivos) de los trabajadores, en tanto se pretende una reducción de personal dependiente de ARCA obviando la garantía de estabilidad prevista en el CCT aplicable".
La demanda sostuvo que la ley garantiza la estabilidad de los agentes de planta permanente en tanto a nivel como escalafón alcanzado. La respuesta del Ejecutivo se redujo a que no existía caso porque todavía no se había llevado a la práctica ningún despido masivo.
"La medida cautelar de no innovar peticionada tiene como presupuesto la existencia de una situación de hecho y de derecho que se pretende mantener, ya que no puede solicitarse una medida de estas características cuando el daño se hubiese consumado", explicó el juez De Vedia, respecto a la sentencia. Concluyó que existe una amenaza del Ejecutivo concreta en modificar el régimen de estabilidad laboral en ARCA.
Por su parte, el magistrado Fera, en disidencia, coincidió en la legitimación del pedido por parte de los sindicatos, pero disintió en el otorgamiento de una cautelar y consideró que el tema requería mayor amplitud de debate.
Pompa apoyó a De Vedia en su voto y desempató la cuestión a favor de la medida cautelar dictada por la Cámara que impide al Gobierno avanzar con su recorte en ARCA.
El tribunal que entiende en materia laboral decidió: "Revocar la sentencia apelada y hacer lugar a la medida cautelar solicitada, ordenando al Poder Ejecutivo Nacional y a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero se abstengan de adoptar cualquier medida que contraríe o violente la garantía de estabilidad prevista en por el CCT 56/92, Laudo 16/92 y por el CCT aprobado por laudo 15/91 suscriptos por SUPARA y AEFIP".
Resta tratar después de la feria judicial, si existe una cuestión de fondo para debatir y si el Ejecutivo insiste en aplicar un recorte en la estructura de la ex AFIP.
Con información de Ámbito
