Bloqueo de sitios web

La Justicia de Corrientes bloquea 424 sitios de juego ilegal online

El dictamen de la Justicia de Corriente busca proteger a los usuarios, evitar el acceso a plataformas no reguladas y preservar la política pública de juego responsable.

Por Ciudadano.News

La denuncia advierte que estas plataformas ilegales operaban sin autorización. — Web

La Justicia de Corrientes ordenó el bloqueo de 424 sitios web no autorizados para frenar el juego ilegal online. El dictamen busca proteger a los usuarios, evitar el acceso a plataformas no reguladas y preservar la política pública de juego responsable. 

El Juzgado de Garantías, a cargo de la jueza María Amelia Zair, resolvió ordenar el bloqueo de 424 sitios web de juego online ilegal. La denuncia fue recepciona por el Ministerio Público Fiscal por parte de Héctor Javier Bee Sellares, interventor del Instituto de Lotería y Casinos de Corrientes (ILCC). 

En la misma, advierte que estas plataformas operaban sin autorización y fuera del dominio "bet.ar", el único habilitado legalmente. Por lo cual, las autoridades argumentaron que las plataformas identificadas "no cuentan con habilitación de Lotería Correntina ni operan bajo el único dominio admitido por la normativa vigente para el juego online en Argentina".  

Por esto, se dio inicio a una investigación por parte de la Dirección General de Investigación de Delitos Complejos de la Policía de Corrientes.

Plataformas ilegales: dictamen de la Justicia

La jueza María Amelia Zair informó que por el momento no se han podido individualizar a personas físicas o jurídicas como responsables del delito investigado.

Desde el Ministerio Público Fiscal informaron: "La resolución ordena que el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) ejecute el bloqueo a través de los proveedores de internet (ISP) y supervise que la medida se cumpla, incluyendo todas las variantes o redireccionamientos de los sitios denunciados". 

Por otra parte, la magistrada sostuvo que además que la proliferación de estos sitios "representa una amenaza directa a la política pública de juego responsable y controlado" y que la intervención judicial busca proteger a los potenciales usuarios y garantizar el cumplimiento de la ley.