4 Febrero de 2026 - 14:14
4 Febrero de 2026 / Ciudadano News / Judiciales
En un giro que parece sacado de un thriller legal de alto impacto, los tribunales de Comodoro Py han decidido que el territorio argentino sea el escenario donde el líder chavista Nicolás Maduro deba responder por las acusaciones de tortura y persecución sistemática.
El juez federal Sebastián Ramos, titular del Juzgado Federal N° 2, firmó este miércoles 4 de febrero de 2026 el exhorto internacional dirigido a Washington, solicitando formalmente que Maduro -actualmente detenido en Nueva York tras su captura a principios de enero- sea enviado a Buenos Aires.
La "letra chica" del documento judicial no es un simple trámite burocrático. El pedido se ampara en el Tratado de Extradición suscrito entre Argentina y Estados Unidos y se fundamenta en el principio de jurisdicción universal.
Este concepto jurídico permite que crímenes atroces sean juzgados en cualquier país, independientemente de dónde se cometieron.
Como señaló el abogado de la querella, Tomás Farini Duggan, "Argentina es hoy el único país con una cláusula de jurisdicción universal tan amplia que permite avanzar cuando otros organismos internacionales, como la CPI, muestran lentitud".
La resolución de Ramos ordena además la "urgente traducción" de las actas para evitar cualquier dilación en el Departamento de Justicia estadounidense.
El impacto geopolítico es total. Mientras Estados Unidos lo procesa por narcoterrorismo, Argentina reclama la prioridad de los derechos humanos.
El fiscal Carlos Stornelli, impulsor de la medida, fue tajante al afirmar que se debe iniciar el procedimiento para que el imputado "sea sometido al presente proceso" por los horrores documentados en centros de detención como El Helicoide.
Sin embargo, fuentes diplomáticas sugieren que el camino no será sencillo. El pedido coloca al gobierno de Donald Trump en una disyuntiva: entregar a su "trofeo" de guerra judicial a un aliado del Sur o retenerlo para asegurar una condena por narcotráfico en suelo norteamericano.
Lo que es innegable es que el pedido de extradición de Nicolás Maduro reactiva el rol de Argentina como faro regional en la lucha contra la impunidad, recordando las épocas doradas de los juicios a las juntas militares.
