Dudoso prontuario
Juan Grabois podría ser alcanzado por el brazo de la Justicia porque, entre otras causas, podría ser investigado por presunta asociación ilícita.
En los tribunales de Comodoro Py se sorteó la denuncia del letrado Jeremías Rodríguez contra Juan Grabois por manejar una asociación ilícita a través del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) en la que se malversaron millones de pesos. Hasta el momento, la jueza federal Servini de Cubría y el fiscal Carlos Stornelli investigarán al dirigente social.
Esta semana se conocerá si abren una investigación o derivan la denuncia al juzgado de Ariel Lijo que lleva adelante las pesquisas contra Grabois en otras causas. En paralelo con la Causa Vialidad en la que terminó condenada Cristina Fernández de Kirchner.
El escrito de 84 carillas coloca, por primera vez, a la cabeza de una asociación ilícita a Juan Grabois. El ex candidato a Presidente de la Nación se defiende asegurando que nunca firmó un papel y que no tenía dominio de lo que sucedía en el Fondo de Integración Socio Urbana manejado, en las formas, por Fernanda Ramona Miño.
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Para el denunciante, Jeremías Rodríguez, no es así y existiría un paralelismo con Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad en la que tampoco aparece firmando contratos, directamente, pero, con sus acciones, favoreció a un grupo de empresarios amigos encabezados por Lázaro Antonio Báez.
La relación de Grabois con el FISU no surgió durante el gobierno de Alberto Fernández sino que nació en el macrismo. En octubre del año 2018 se promulgó la ley 27.453 conocida como la ley de "Régimen de regulación Dominial para la Integración Socio Urbana". El objetivo original era urbanizar "los barrios populares a través de la declaración de utilidad pública sujeta a expropiación de los lotes en los que se asentaban los mismos, para luego regularizar dominialmente y dotar de escrituras, servicios, infraestructura, conectividad y saneamiento ambiental a sus habitantes" según explica la denuncia presentada.
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Esa ley autorizaba al Poder Ejecutivo Nacional a crear un fideicomiso con el objeto de financiar la totalidad de las actividades que resultaren necesarias para llevar adelante el objeto de la ley mencionada. El proyecto tuvo su prueba piloto en la Villa 31 en Capital Federal.
Todo cambió durante el albertismo. El 26 de febrero del 2020, por medio del decreto 184/20, Alberto Fernández, lanzó el impuesto PAÍS. En el ARTÍCULO 2º se asignaba específicamente el 30% al Fondo de Integración Socio Urbana -FISU-.
La creación de Grabois con el paraguas político, en el gobierno de Macri, de Carolina Stanley, Francisco Quintana y Elisa Carrió, tenía una enorme caja de recursos.
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Grabois es el único imputado de la causa FISU-Luján, que tramita el juzgado de Ariel Lijo, que presentó abogado defensor. Lo hizo con domicilio en Pedro Echague 1265, Capital Federal. Allí aparecen registradas 28 entidades, desde Cooperativas de trabajos, Asociaciones Civiles, Federaciones y Mutuales, las cuales recibieron, algunas de ellas, fondos del FISU, planes potenciar trabajo y convenios de todo tipo con el Ministerio de Desarrollo Social del gobierno de Alberto Fernández.
"Este modus operandi descriptos en un puñado de hechos se repiten a lo largo y ancho de la República Argentina durante el periodo que abarco los años 2020 a 2023 inclusive, donde la Secretaría de integración Socio Urbana estuvo a cargo de la Sra. Fernanda Miño, con un manejo de los fondos totalmente discrecional y sin control ni rendición del dinero público, creo que estamos antes el acto de corrupción más grande de la historia del Estado argentino" sentencia Rodriguez.