Dólares bajo sospecha
La City porteña todavía se estremece con los ecos de los últimos allanamientos en la sede del Banco Central de la República Argentina (BCRA).
El juez federal Sebastián Casanello lidera una ofensiva judicial sin precedentes para determinar el grado de responsabilidad de la línea técnica y política en lo que se denomina la "aduana paralela" de divisas.
La investigación de complicidades oficiales en las maniobras millonarias de Piccirillo busca desentramar cómo un grupo de empresas vinculadas al financista Elías Piccirillo logró acceder a más de 250 millones de dólares oficiales, mientras el resto de los argentinos enfrentaba un cepo implacable.
Complicidades oficiales en las maniobras millonarias de Piccirillo: el "rulo" de los US$ 250 millones
La lupa judicial no solo recae sobre el exmarido de la modelo Jésica Cirio, hoy bajo prisión domiciliaria, sino sobre las terminales públicas que permitieron el festín cambiario.
Según fuentes judiciales, la operatoria consistía en simular importaciones mediante documentación apócrifa para obtener dólares al valor oficial y, de inmediato, liquidarlos en el mercado informal con ganancias cercanas al 100%.
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En este contexto, un arrepentido clave en la causa ha aportado testimonios que comprometen a la jerarquía del BCRA.
El colaborador, exoficial de seguridad, detalló ante el fiscal Franco Picardi que el esquema no habría sido posible sin un "visto bueno" en las oficinas de la calle Reconquista.
Al respecto, el magistrado señaló en sus fundamentos que "resulta imperativo establecer si la falta de control fue una negligencia administrativa o una omisión deliberada para favorecer a terceros".
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El rol de los directivos bajo sospecha
La investigación ha puesto el foco en los teléfonos celulares incautados a funcionarios de línea y exdirectores.
Se sospecha que Piccirillo incluso llegó a percibir honorarios por "asesoramiento" dentro del Banco, una pantalla que habría servido para aceitar los mecanismos de aprobación de divisas.
Durante una de las audiencias, un testigo vinculado al entorno financiero de Sur Finanzas fue tajante al declarar: "Piccirillo nos decía que las autorizaciones no eran un problema porque tenía amigos en los niveles donde se firman los permisos".
Este entramado de complicidades oficiales en las maniobras millonarias de Piccirillo no solo implica lavado de activos, sino también una presunta asociación ilícita entre privados y agentes públicos.
Mientras la sociedad y las empresas padecían la escasez de reservas, este circuito paralelo drenaba millones que terminaban alimentando la brecha cambiaria.
Hacia el fondo de la trama
La causa avanza sobre el peritaje de las comunicaciones entre el financista y los inspectores encargados de auditar a las casas de cambio involucradas, como Arg Exchange y Gis Cambio.
La pregunta que desvela a Comodoro Py es hasta dónde llegaba la red de protección. Un funcionario judicial, bajo estricto anonimato, deslizó una frase que resume el clima actual: "Estamos ante una estructura que vendía el acceso al Estado como si fuera un activo financiero propio".
Ante este escenario, la Justicia busca ahora cerrar el círculo sobre los responsables de custodiar las reservas del país, algo esencial para preservar la credibilidad en las operaciones bursátiles.