14 Marzo de 2026 - 11:26
14 Marzo de 2026 / Ciudadano News / Judiciales
La sede de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) fue escenario de un operativo judicial este viernes, por orden del juez federal Julián Ercoloni. La investigación, impulsada por el fiscal Eduardo Taiano, pone la lupa sobre el secretario general Abel Furlán y la dirigente de La Cámpora, María Soledad Calle, por presunta administración fraudulenta y asociación ilícita. El foco del conflicto radica en el contrato firmado con la firma USEM, encargada de gestionar el 80% de los aportes sindicales.
La denuncia, radicada por sectores opositores de la Seccional Zárate-Campana, sostiene que Soledad Calle, exconcejala y referente del Frente de Todos, es accionista de la empresa que ahora controla la recaudación metalúrgica. El acuerdo estipula honorarios del 0,5% de toda la cuota sindical por un período de 10 años, permitiendo a la firma privada ejecutar pagos y administrar cuentas en nombre del gremio.
Mientras la Justicia analiza si existió un drenaje sistemático de fondos para fines partidarios, desde el entorno de Furlán aseguran que se trata de una "falsa acusación" alimentada por la interna sindical. Sostienen que el contrato con USEM es "más benigno" que el anterior. Sin embargo, una auditoría interna habría detectado inconsistencias insalvables entre los ingresos por aportes y los egresos declarados en el balance.
Los investigadores de Comodoro Py secuestraron libros contables y terminales electrónicas para determinar si los activos fueron desviados hacia agrupaciones políticas territoriales. Furlán se presentó espontáneamente y designó abogado, intentando aplacar un escándalo que sacude los cimientos de uno de los gremios más poderosos del país, en un contexto de fuerte tensión política y cuestionamientos sobre la transparencia en el manejo de los recursos de los trabajadores.
