1 Diciembre de 2025 - 11:55
1 Diciembre de 2025 / Ciudadano News / Judiciales
La declaración de una testigo clave sacude los cimientos del sector farmacéutico y expone una alarmante práctica en el Laboratorio Ramallo.
En una audiencia que se extendió por horas, la mujer habría confirmado que las autoridades del laboratorio estaban plenamente al tanto de un grave problema de contaminación bacteriológica en sus líneas de producción, pero habrían optado por continuar con la fabricación y distribución de productos para evitar un parate comercial y no perder el ritmo de ventas.
El testimonio pone bajo la lupa no solo la ética empresarial, sino también los controles de calidad y los riesgos inminentes para los consumidores.
La testigo, cuya identidad se mantiene bajo estricta reserva por motivos de seguridad, habría detallado con precisión los procedimientos internos que se realizaron una vez detectado el foco infeccioso. "Se hicieron análisis de rutina que arrojaron resultados positivos para bacterias, y se elevó el informe a las gerencias superiores", habría asegurado.
No obstante, la respuesta obtenida de la cúpula habría sido clara y directa, según relató. "Me informaron que el costo de detener la producción era demasiado alto y que debíamos 'seguir hasta nuevo aviso'. Era un secreto a voces que seguíamos fabricando con el riesgo presente"
Esta actitud, que priorizó el margen de ganancia sobre la salud pública, podría configurar un grave delito contra la salubridad.
La testigo habría subrayado que existían procedimientos de contención, pero que nunca se aplicó el protocolo de paralización total exigido por la gravedad de la contaminación bacteriológica.
Según la testigo, "la presión para cumplir con los plazos de entrega y las cuotas de venta era constante. Nadie quería ser quien diera la orden de detener la maquinaria."
Las implicancias de este testimonio son vastas y prometen un giro drástico en la causa.
La Justicia deberá determinar no solo el alcance de la contaminación en el stock que llegó a manos de los consumidores, sino también el nivel de responsabilidad penal de los directivos que tomaron la decisión de continuar operando.
Este caso no solo cuestionaría la ética empresarial del laboratorio, sino que también pondría en entredicho los sistemas de control de calidad, exigiendo una respuesta urgente y transparente del sector farmacéutico en general para restablecer la confianza pública.
