4 Noviembre de 2025 - 09:15
4 Noviembre de 2025 / Ciudadano News / Judiciales
El caso del triple crimen narco de Florencio Varela sigue develando una trama oscura de narcotráfico, torturas y venganza, confirmando las peores sospechas.
La investigación, que comenzó en el fuero provincial, dio un giro decisivo en las últimas horas, marcado por un contundente movimiento judicial: la causa pasa formalmente al fuero federal.
Sin embargo, la decisión clave enfrenta una oposición inesperada de una de las familias de las víctimas, que teme que el cambio de jurisdicción diluya la investigación y favorezca la impunidad.
El brutal asesinato de Morena Verdi, Brenda Loreley Del Castillo y Lara Morena Gutiérrez, halladas enterradas y con signos de extrema violencia, conmocionó a la sociedad y expuso el accionar despiadado de una presunta organización narco.
El fiscal Adrián Arribas fue clave al solicitar la prisión preventiva para ocho de los imputados y, fundamentalmente, al declarar la incompetencia de la Justicia ordinaria, argumentando que el móvil del crimen fue el narcotráfico y que la organización criminal tenía ramificaciones internacionales, lo que encuadra perfectamente en el fuero federal.
Esta solicitud fue avalada por la Justicia de Garantías, lo que implica un cambio de jurisdicción que, según expertos, podría dar mayor eficacia a la investigación al centrarse en la red de estupefacientes que habría desatado la masacre.
La causa cuenta con más de una decena de detenidos, entre ellos Tony Janzen Valverde Victoriano, alias Pequeño J, y su presunto ladero, Matías Agustín Ozorio, ambos capturados en Perú y extraditados.
Pequeño J es señalado como el autor intelectual de la masacre, ordenada como una venganza brutal por la pérdida de un cargamento de droga.
A pesar de las detenciones, la trama tiene todavía a prófugos con alerta roja de Interpol, como Alex Ydone Castillo, y el misterio en torno a otros implicados.
La abogada de la familia de Lara llegó a manifestar dudas sobre si la persona detenida es realmente Pequeño J, y sugirió que podría haber un intento de "armar un relato" para proteger a figuras más relevantes de la red narco.
El pase al fuero federal, ahora confirmado, permitirá enfocar la investigación en la ley de estupefacientes, clave para desentrañar la estructura y los nexos de la banda.
La Justicia Federal buscará probar no solo la autoría material de los crímenes, sino también la cadena de mando de la organización transnacional que operaba con total impunidad.
Mientras la Justicia avanza, el dolor de los familiares de las víctimas se mezcla con la desconfianza y la exigencia de celeridad, pero sus posturas se han dividido frente al cambio de jurisdicción.
Estela, madre de Lara Gutiérrez, y Antonio, abuelo de Brenda y Morena, se han convertido en las voces del reclamo, pidiendo que se investigue a los verdaderos cabecillas de la organización.
No obstante, la familia de Morena Verdi, a través de su representación legal, se ha opuesto tenazmente al traslado de la causa al fuero federal.
"Estamos peleando porque la causa se quede en la provincia," expresó el letrado, argumentando que el fuero provincial ya tiene un avance significativo, con detenidos e imputaciones concretas, y temen que el pase al ámbito federal, con sus tiempos y métodos, termine siendo una "argucia" legal para desviar el foco del triple homicidio y enfocarse solo en el narcotráfico, lo que podría reducir las chances de una condena efectiva por el crimen de las jóvenes.
El padre de Brenda, por otro lado, sí respalda el pase, señalando que "están queriendo encubrir a alguien" y que solo el fuero federal tendrá la capacidad y las herramientas para investigar los posibles nexos con el poder en La Matanza, donde se presume se originó parte del conflicto por una supuesta deuda o robo de cocaína.
Esta división entre las querellas no es menor: la defensa de los imputados podría usar esta fisura para impugnar el pase al fuero federal, alegando falta de consenso entre las familias de las víctimas.
La decisión final sobre dónde se tramitará la causa quedará ahora en manos de una instancia superior que deberá dirimir la competencia, manteniendo en vilo a las familias y a la opinión pública.
La esperanza de una parte de las familias reside en que este cambio de jurisdicción signifique el camino definitivo hacia la verdad y la condena, mientras que otra teme que sea un camino hacia la impunidad.
