16 Junio de 2025 - 09:24
16 Junio de 2025 / Ciudadano News / Internacionales
Vance Luther Boelter, de 57 años, fue arrestado como principal sospechoso en el asesinato de la congresista demócrata Melissa Hortman y su esposo, así como en el intento de homicidio del senador estatal John Hoffman y su esposa. El detenido residía en Green Isle, un área rural del estado de Minnesota, desde donde fue capturado luego de permanecer prófugo durante más de 40 horas.
Su detención puso fin a una búsqueda nacional de alto perfil que involucró a múltiples agencias federales, estatales y locales, incluyendo al FBI, tras una serie de atentados catalogados por las autoridades como "políticamente motivados".
Boelter figuraba como director de patrullas de seguridad en una empresa llamada Praetorian Guard Security Services, fundada junto a su esposa. Sin embargo, documentos oficiales y registros comerciales indican que dicha empresa no tenía clientes ni operaciones reales, lo que sugiere un uso instrumental de su fachada como compañía de seguridad.
También integró en el pasado el Consejo de Desarrollo Laboral de Minnesota, órgano consultivo estatal al que fue nominado por el entonces gobernador Mark Dayton en 2016 y posteriormente reelegido por el actual gobernador, Tim Walz. No obstante, Boelter nunca tuvo una vinculación partidaria oficial. Según registros de participación electoral, asistió a caucus republicanos y expresó afinidad ideológica con sectores de ultraconservadurismo cristiano.
De acuerdo con los investigadores, Boelter mantenía posturas radicales contra el aborto, los derechos LGBTQ y las políticas demócratas en general. Durante su tiempo en el extranjero —incluyendo estadías en la República Democrática del Congo— predicó mensajes religiosos extremistas y promovió teorías conspirativas. Estas creencias forman parte del contexto que explica su selección de objetivos.
En su camioneta, equipada para simular un patrullero oficial, se encontró una lista con más de 60 posibles blancos, que incluía a funcionarios demócratas como las congresistas Ilhan Omar y Amy Klobuchar, así como clínicas de salud reproductiva.
El gobernador Walz afirmó que se trató de un "ataque con motivación política y características de terrorismo doméstico", subrayando que el sospechoso "abusó de la confianza pública al hacerse pasar por miembro de las fuerzas de seguridad".
El ataque se llevó a cabo en la madrugada del sábado en dos puntos del norte de Minneapolis:
Las autoridades señalan que esta táctica buscaba explotar la confianza que la ciudadanía tiene en los cuerpos de seguridad, lo que agrava la gravedad institucional del caso.
Boelter fue finalmente detenido sin resistencia la noche del domingo, cerca de su propiedad rural. Fue localizado gracias a un operativo de rastreo aéreo y a la activación de una red de vigilancia comunitaria. En el vehículo que utilizaba se encontraron armas automáticas, municiones, elementos de camuflaje, material propagandístico y su listado completo de objetivos.
Actualmente, enfrenta múltiples cargos por:
Se prevé que, debido a la naturaleza política y organizada del ataque, el Departamento de Justicia intervenga en los procesos judiciales con el argumento de crimen de odio y terrorismo interno.
El asesinato de una figura de alto perfil como Melissa Hortman, quien presidió la Cámara de Representantes de Minnesota, y el ataque coordinado contra otros referentes demócratas ha generado un profundo debate sobre la seguridad de los funcionarios públicos, la radicalización ideológica y la disolución de las fronteras entre discurso extremista y violencia real.
Este caso se vincula con el creciente fenómeno de violencia política doméstica en Estados Unidos, donde cada vez con mayor frecuencia se reportan amenazas y agresiones físicas hacia líderes y representantes por motivos ideológicos.
El caso de Vance Luther Boelter pone de manifiesto cómo la combinación de ideologías radicalizadas, acceso a armas y uso instrumental de símbolos de autoridad puede derivar en actos de violencia política con implicancias democráticas profundas. La investigación sigue abierta y se espera que el juicio marque un precedente en materia de prevención y sanción de terrorismo interno.
