No más "vista gorda"
En el complejo escenario migratorio actual, la figura del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) se ha convertido en el mayor temor para millones de personas en Estados Unidos. Lo que antes era un proceso con plazos de regularización, hoy se ha transformado en un sistema de detención y expulsión casi inmediata, eliminando prácticamente cualquier margen de defensa para los indocumentados.
El fin de la "tolerancia" y el inicio del proceso sumarísimo
Según explicó el abogado especialista en seguridad, Federico Calabró, en El Interactivo de Ciudadano News, existe un quiebre fundamental respecto a administraciones anteriores. Mientras que en los años de Obama o Biden se priorizaba la deportación de personas con antecedentes, hoy el criterio es aleatorio y discriminativo.
Si una persona es identificada en situación irregular, se activa lo que se conoce como proceso sumarísimo. En este esquema, el detenido puede ser expulsado del país en menos de 48 horas, sin posibilidad de presentar un descargo legal o apelar la decisión ante un juez.
El músculo financiero de "la migra"
Para ejecutar esta política de mano dura, el gobierno estadounidense ha dotado al ICE de recursos extraordinarios. La agencia no solo opera dentro de las fronteras, sino que posee un alcance global que impresiona por su magnitud:
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- Presupuesto: 80 billones de dólares.
- Personal: 20.000 agentes activos.
- Presencia: 290 oficinas en EE. UU. y 100 delegaciones en el exterior.
Este despliegue tiene un objetivo claro: fortalecer el esquema de seguridad y prevenir el movimiento ilegal de bienes y personas bajo la doctrina de "América para los americanos".
Vivir con pánico: el costo humano
El miedo no distingue entre quienes están en trámite y quienes llevan años trabajando legalmente. "Hay gente con ciudadanía e hijos que tiene pánico de salir a la calle", advirtió Calabró. Existe el temor fundado de que cualquier error administrativo o control aleatorio termine en una separación familiar traumática.
Este clima de tensión se enmarca en una tendencia global. Países como Argentina, que expulsó a más de 8.000 personas en 2024, y naciones europeas como España o Francia, están endureciendo sus fronteras ante lo que consideran un colapso de su identidad y seguridad nacional.
