El presidente brasileño Lula da Silva, anfitrión de la cumbre del G20 en Río de Janeiro, intentará poner en el documento final del encuentro los planes para gravar a los millonarios más ricos del mundo, quienes a menudo buscan evitar el pago de impuestos asociados a sus enormes réditos.
En julio pasado, los ministros de Finanzas del G20, en Río, acordaron iniciar un "diálogo sobre una tributación justa y progresiva, que incluya a las personas con un patrimonio neto ultraalto", a pesar de la marcada resistencia de Estados Unidos y Alemania.
Pero, más allá de las intenciones de Lula, los crecientes problemas geopolíticos globales, como los conflictos armados de Ucrania y Gaza, el posicionamiento internacional de EE.UU. en vísperas de un segundo mandato de Trump y el comercio equilibrado con China, son los temas dominantes en la cumbre de dos días.
El plan de gravar a las fortunas más grandes del planeta, introduciría un impuesto anual del 2 por ciento sobre el patrimonio neto total de los superricos, no solo sobre sus ingresos anuales. A tal efecto, se estima que el 0,01 por ciento más rico de la población mundial paga una tasa impositiva efectiva de apenas el 0,3% de su riqueza.
El nuevo impuesto, se calcula, podría recaudar hasta 237.000 millones de euros anuales, de los casi 2.800 multimillonarios de todo el mundo, quienes poseen un patrimonio neto conjunto estimado en unos 13,5 billones de dólares, según la lista de personas más ricas del mundo de Forbes. Los fondos recaudados se utilizarían para abordar las crecientes desigualdades globales, haciendo énfasis en ayudar a los países de bajos ingresos muy endeudados.
"La tributación de las personas con un alto patrimonio neto es muy importante, ya que podría ser una fuente de financiación para iniciativas que luchan contra el hambre y la pobreza, y también abordan el cambio climático", explicaron especialistas en distribución de recursos.
La Casa Rosada, mediante una declaración de cancillería de última hora, dijo que no acompañaría la iniciativa, dado que contradice los postulados de libertad económica que deben regir en el desenvolvimiento de los actores privados del comercio, las finanzas y las inversiones.