Cambios en la Ley Magna

La dupla Ortega y Murillo sepultan la independencia de poderes

El matrimonio impulsa una reforma constitucional que extiende el mandato del Ejecutivo y facilita el control de todos los órganos claves del Estado nicaragüense.

Ciudadano.News

Por Ciudadano.News

20 Noviembre de 2024 - 23:40

Ortega y Murillo buscan remodelar la Constitución de Nicaragua para que nada les impida tener un control absoluto del Estado.
Ortega y Murillo buscan remodelar la Constitución de Nicaragua para que nada les impida tener un control absoluto del Estado.

20 Noviembre de 2024 / Ciudadano News / Internacionales

El ejecutivo de NicaraguaDaniel Ortega, quiere impulsar una reforma constitucional que otorgaría a su esposa, la actual vicepresidenta Rosario Murillo, la figura de "copresidenta", sumado a otros cambios que aumentan el control sobre los derechos de la sociedad, según una iniciativa enviada al Parlamento.

La iniciativa de proyecto de reforma aumenta el período de mandato presidencial de cinco a seis años. La misma, fue enviada a la Asamblea Nacional, bajo control mayoritario del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), por lo que se presume, será meramente un trámite en la sesión del próximo viernes.

"La presidencia de la República está integrada por un copresidente y una copresidenta", que se designarán en comicios a celebrar "cada seis años", no cinco como es actualmente, de acuerdo con el texto presentado, explicó el titular del órgano legislativo, Gustavo Porras.

Por otro lado, la iniciativa también establece que el Ejecutivo "coordinará" a los demás poderes del Estado (Judicial, Legislativo), órganos electorales y entes públicos, y, a su vez, que la presidencia podrá ordenar la intervención de las Fuerzas Armadas de Nicaragua en apoyo a la Policía Nacional, cuando la estabilidad de la República así lo requiera. 

Daniel Ortega, exguerrillero del Frente Sandinista, de 79 años, ya gobernó Nicaragua en la década de 1980 y preside el poder público desde 2007. Él y su esposa son señalados por Estados Unidos, la Unión Europa y países de América Latina de instaurar un régimen autocrático en el país y de cometer "crímenes de lesa humanidad" contra la ciudadanía.

 

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