23 Diciembre de 2025 - 20:08
23 Diciembre de 2025 / Ciudadano News / Internacionales
En medio de la compleja trama judicial que rodea la expropiación de YPF en 2012, la petrolera argentina recibió una noticia alentadora desde los tribunales de Estados Unidos. La jueza Loretta Preska, a cargo del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, decidió suspender el proceso de búsqueda de activos (discovery) sobre la compañía, en el marco de la disputa por el "alter ego".
Especialistas en la causa, como Sebastián Maril (CEO de Latam Advisor), definieron esta medida como un auténtico "regalo navideño" para la firma. Aunque se trata de una resolución administrativa y no de una sentencia definitiva, el fallo le otorga a YPF un respiro estratégico para evitar, por el momento, pedidos de embargo inmediatos sobre sus bienes.
El conflicto principal radica en que el fondo Burford Capital, que ganó el juicio principal contra el Estado argentino por US$ 16.000 millones, intenta demostrar que YPF y el Gobierno son la misma entidad (el concepto legal de Alter Ego). Si Burford logra probar esto, podría embargar activos de la petrolera para cobrarse la deuda del Estado.
Con esta nueva decisión, Preska accedió a suspender la búsqueda de activos de YPF mientras se resuelve una apelación superior. La petrolera reclama su derecho a defenderse y representarse de manera independiente del Estado argentino, algo que la jueza había limitado previamente.
Mientras la causa "madre" espera una definición de la Cámara de Apelaciones para la primera mitad de 2026, Burford no se detiene y busca cobrar la sentencia por cualquier vía. En su mira no solo está YPF (donde el Estado posee el 51% de las acciones), sino también otras entidades donde Argentina tiene propiedad:
El Gobierno argentino ya adelantó que agotará todas las instancias judiciales, incluyendo la posibilidad de llegar a la Corte Suprema de los Estados Unidos, y mantiene una postura firme de no negociar con Burford Capital.
Este "respiro" administrativo le permite a YPF ganar tiempo valioso en un escenario donde los intereses de la sentencia original corren a diario, elevando el monto total de la condena por encima de los US$ 18.000 millones.
