Estados Unidos
Elon Musk volvió a generar polémica tras defender un modelo de trabajos extremo en el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), un organismo vinculado a la administración de Donald Trump.
Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas (NA), el empresario impulsa jornadas de hasta 120 horas semanales e incluso promueve el trabajo sin goce de sueldo.
En un mensaje publicado en X (Twitter), Musk justificó estas condiciones afirmando que los empleados de DOGE deben enfrentarse a la "burocracia ineficiente" del Estado y que el esfuerzo es necesario para reducir el gasto público. Sin embargo, la medida fue duramente cuestionada por sectores sindicales y expertos en derechos laborales, que advierten sobre la posible violación de normas federales.
El organismo, creado con la misión de optimizar el gasto del gobierno, lanzó en noviembre una convocatoria dirigida a personas con "coeficiente intelectual muy alto", dispuestas a trabajar más de 80 horas semanales sin recibir salario. Según Musk, este empleo es "tedioso" y "hará muchos enemigos", pero sería clave para mejorar la eficiencia estatal.
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Entre los empleados de DOGE hay jóvenes ingenieros de apenas 19 años, lo que encendió las alarmas sobre una posible explotación laboral. Mientras algunos empresarios elogian la iniciativa como un intento de modernizar la administración, abogados y activistas advierten que estas políticas podrían derivar en acciones legales contra Musk y su equipo.
Revés judicial para DOGE de Elon Musk y su política de trabajos
William Haskell Alsup, juez federal en California, frenó los despidos masivos ordenados por el presidente Donald Trump y ordenó a seis agencias federales de Estados Unidos restablecer en sus puestos de trabajo a los empleados que estaban a prueba y fueron cesados, tras dictaminar que los despidos por parte de la Oficina de Administración de Personal fueron ilegales.
Por sugerencia del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), que lidera el multimillonario Elon Musk, desde Washington se había ordenado a la Oficina de Administración de Personal que despidiera a miles de empleados de los departamentos de Agricultura, Defensa, Energía, Interior, Tesoro y Asuntos de Veteranos.
Frente a dicha situación, el magistrado de 79 años, en una audiencia efectuada en el Tribunal de Distrito en San Francisco, determinó que la agencia de recursos humanos del gobierno federal carecía de autoridad legal para disponer despidos masivos mediante llamadas telefónicas y comunicaciones escritas.
Con información de NA y BAE