14 Enero de 2025 - 16:28
14 Enero de 2025 / Ciudadano News / Internacionales
El juicio por la expropiación de YPF sigue sumando capítulos, esta vez con una orden de la jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York, que obliga a la Argentina a entregar información solicitada por los beneficiarios del fallo en su contra. La controversia gira en torno al oro argentino en las reservas del Banco Central y a la relación entre entidades estatales como YPF y el Estado Nacional.
En septiembre de 2023, la jueza Preska sentenció a la Argentina a pagar una indemnización de 16.100 millones de dólares más intereses, a los fondos Burford Capital y Eton Park, por irregularidades en la expropiación de YPF en 2012.
A pesar de que el país presentó una apelación ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, nunca cumplió con la garantía mínima requerida para evitar embargos. Esta falta de acción ha llevado a los demandantes a exigir información y a buscar el embargo de activos, incluyendo cuentas soberanas y reservas de oro en el Banco Central.
Uno de los aspectos clave de la disputa es la figura del "alter ego". En mayo de 2023, Preska declaró que tanto YPF como el Banco Central podrían considerarse extensiones del Estado argentino, lo que permitiría a los demandantes buscar embargos sobre sus activos.
Los beneficiarios del fallo también apuntan a otras entidades, como Aerolíneas Argentinas, Banco Nación, Arsat y Enarsa, solicitando detalles de movimientos financieros que demuestren su vinculación directa con el gobierno. Entre los pedidos se encuentran registros de mensajes SWIFT y resúmenes de cuentas bancarias que hayan realizado o recibido pagos en nombre del Estado.
El gobierno argentino se opone a entregar cierta información, argumentando que no es relevante para el caso. Sin embargo, Preska advirtió que el país ha gastado más tiempo y recursos en evitar la entrega de documentos que en cumplir con la orden judicial.
Sebastián Maril, analista y director de Research for Traders, señaló que los acreedores están intensificando la presión para cobrar la sentencia: "Están buscando cuentas soberanas en Argentina y Estados Unidos, incluso aquellas protegidas contra embargos".
El conflicto tiene sus raíces en 2012, cuando el gobierno argentino expropió el 51% de las acciones de YPF, que pertenecían a Repsol. En ese momento, Petersen, un grupo inversor propiedad de la familia Eskenazi, poseía el 25,5% de las acciones, pero cayó en bancarrota tras incumplir pagos a bancos europeos que financiaron la compra.
En 2015, Burford Capital adquirió los derechos de reclamo de Petersen y, poco después, inició una demanda contra el Estado argentino y YPF. Ese mismo año, Eton Park presentó una demanda similar.
En febrero de 2024, el gobierno argentino presentó un escrito en la Corte de Apelaciones con los argumentos para revisar la sentencia de Preska. Mientras tanto, en septiembre, las partes involucradas (YPF, el Estado y los demandantes) entregaron sus últimos escritos, y se espera una audiencia clave.
Paralelamente, los demandantes buscan demostrar que varias entidades estatales son "alter egos" del gobierno para asegurar el cobro anticipado de la indemnización. Este escenario pone en jaque no solo las finanzas argentinas, sino también su soberanía sobre activos estratégicos.
