Un tribunal de Bogotá, capital de Colombia, ordenó, este martes, poner en libertad de forma "inmediata" al expresidente Álvaro Uribe, quien estaba cumpliendo prisión domiciliaria, mientras se resuelve su apelación a la histórica sentencia de 12 años por soborno y fraude procesal.
El exmandatario de derecha (2002-2010), recibió, en primera instancia, la máxima pena aplicable por intentar sobornar a paramilitares y coaccionar a testigos presenciales, buscando desvincularse de escuadrones antiguerrillas, señalados por cometer crímenes de lesa humanidad.
Desde el 1 de agosto, el político de 73 años está cumpliendo su pena en una residencia del municipio de Rionegro, a unos 30 kilómetros de la ciudad de Medellín.
Uribe apeló, mediante sus abogados, la decisión de la justicia que lo convirtió en el primer exjefe de Estado del país condenado penalmente y privado de la libertad.
Los fundamentos de la apelación de Uribe
De acuerdo a los letrados que representan al exmandatario, el proceso estuvo politizado y bajo presiones de funcionarios de la izquierda gobernante, con el presidente Gustavo Petro siendo uno de los principales detractores de Uribe.
Con la decisión, el Tribunal Superior de Bogotá dio su habilitación para que Uribe tramite su apelación en libertad. Sin embargo, para esta segunda instancia, tendrá tiempo hasta el 16 de octubre para que se ratifique la sentencia o revocarla y absolverlo. Si excede esa fecha, el proceso quedará archivado y se evaluará la nulidad del proceso o de la solicitud apelatoria.
