Plan piloto
El Gobierno de Estados Unidos lanzó un programa piloto que exige a determinados visitantes extranjeros pagar un depósito de hasta US$ 15.000 para poder ingresar al país. La medida, dirigida a quienes soliciten visas de negocios o turismo, apunta a ciudadanos de países con altos índices de permanencia irregular tras el vencimiento del visado.
El anuncio fue publicado en el Federal Register (en inglés), el boletín oficial del Gobierno estadounidense. Según se detalla, el monto del depósito oscilará entre US$ 5.000 y US$ 15.000 y será determinado por un funcionario consular del Departamento de Estado al evaluar cada solicitud. El dinero será retenido por el Tesoro de los Estados Unidos y devuelto únicamente si la persona abandona el país dentro del plazo autorizado por su visa.
El texto oficial califica la medida como "un pilar clave de la política exterior de la administración Trump para proteger a Estados Unidos de la amenaza clara a la seguridad nacional que representan las estadías ilegales y los procesos de control y verificación deficientes".
¿Países alcanzados? Sin información
El Departamento de Estado no informó qué países quedarán alcanzados por la medida, aunque aclaró que serán notificados "al menos 15 días antes" de la entrada en vigencia del programa. El requisito no se aplicará a países incluidos en el Visa Waiver Program, como la mayoría de los europeos, Japón, Corea del Sur, Australia y Nueva Zelanda.
En el listado de países con mayores tasas de sobreestadía -según un informe de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) entregado al Congreso el año pasado- figuran Afganistán, Haití, Sudán, Myanmar, Chad, la República del Congo y Guinea Ecuatorial, entre otros.
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Argentina no integra ese grupo, de hecho registra una de las tasas más bajas de sobreestadía, incluso dentro del conjunto de países que requieren visa. Según datos del año fiscal 2018, la tasa total para viajeros argentinos con visa B‑1/B‑2 fue del 0,73 %, con un 0,71 % consideradas sospechas de permanencia ilegal. Las cifras contrastan de forma marcada con las naciones más afectadas.
El Departamento de Estado ya había expresado su renuencia histórica a aplicar este tipo de mecanismos por considerarlos engorrosos. Sin embargo, la nueva iniciativa apunta a "poner a prueba" ese sistema durante un año para evaluar su factibilidad y decidir si podría implementarse de forma más amplia en el futuro.
La publicación oficial no responde a preguntas clave, como los criterios específicos de aplicación ni el impacto económico que puede tener en viajeros de países con ingresos bajos. Lo que sí queda claro es que, para muchos, el acceso a una visa estadounidense podría volverse directamente inalcanzable.
Con información de BAE