Bélgica legalizó la "profesión más vieja del mundo"
La aprobación del trabajo sexual tiene la intención de garantizar derechos y eliminar discriminaciones.
Por Ciudadano.News
10 Diciembre de 2024 - 17:51
10 Diciembre de 2024 - 17:51
10 Diciembre de 2024 / Ciudadano News / Internacionales
En un giro que marca un precedente en Europa, Bélgica ha aprobado una legislación que reconoce la prostitución como una actividad laboral formal. Esto implica que las personas dedicadas a este oficio podrán acceder a contratos de trabajo con plenos derechos laborales: cobertura social, vacaciones pagas, jubilación, subsidio por desempleo, y licencias por enfermedad o maternidad. Además, la ley busca ofrecer mayor protección frente a los riesgos inherentes a la profesión, de acuerdo con un informe del medio RFI.
Daan Bauwens, director de UTSOPI, la Unión belga de Trabajadores y Trabajadoras Sexuales, celebró la medida como un avance significativo. "El trabajo sexual ahora es reconocido legalmente como una profesión. Esto garantiza la igualdad de derechos y elimina la discriminación en la legislación. Era ilógico hablar de un trabajo de riesgo sin brindar ninguna protección a quienes lo ejercen", afirmó.
La nueva normativa no solo mejora las condiciones laborales de las personas dedicadas al trabajo sexual, sino que también les ofrece un camino para abandonar la actividad. Según Bauwens, "antes era prácticamente imposible dejarlo porque no tenían acceso a la seguridad social ni a derechos como el desempleo o la formación profesional. Esta ley cambia ese escenario y ofrece una salida, especialmente en situaciones críticas como la pandemia de Covid-19, cuando muchas personas se quedaron sin ingresos".
Sin embargo, la normativa ha generado divisiones en el ámbito internacional. Lina Gálvez, eurodiputada socialista española y presidenta de la Comisión de Igualdad del Parlamento Europeo, se opone firmemente a la medida. Gálvez sostiene que esta legislación, en la práctica, podría legitimar el proxenetismo y perpetuar la explotación de personas vulnerables.
"No considero que quienes están en situación de prostitución sean trabajadores sexuales. Esto es explotación. Aunque se hable de elección, la realidad es que la mayoría son víctimas de trata, pobreza o exclusión social, lo que limita gravemente sus libertades. No es un trabajo, es una manifestación de desigualdad", argumentó Gálvez.
Si bien la eurodiputada reconoce la importancia de garantizar derechos a las personas en situación de prostitución, subraya que su objetivo es "convertirlas en ciudadanas plenas" y no legitimar lo que considera una forma de explotación. "No estoy en contra de que tengan los mismos derechos que otras personas. Al contrario, quiero que se les reconozca plenamente, pero sin aceptar que estamos hablando de un empleo", explicó.
La polémica en torno a esta legislación refleja tensiones más profundas sobre cómo abordar la prostitución desde una perspectiva de derechos humanos. Por un lado, quienes apoyan la medida destacan la importancia de ofrecer protección legal y laboral a quienes ejercen esta actividad, reconociendo su existencia como una realidad innegable. Por otro lado, los detractores argumentan que normalizar el trabajo sexual podría consolidar las condiciones de explotación que buscan erradicar.
En palabras de Bauwens, la ley no elimina las desigualdades de las que surge la prostitución, pero brinda herramientas para mejorar la situación de quienes se encuentran en esta realidad. "Esta normativa no pretende romantizar la prostitución, sino ofrecer un camino más digno y seguro para quienes están en ella, ya sea que decidan continuar o abandonarla", afirmó.
La experiencia belga se suma al debate global sobre la regulación del trabajo sexual. Países como Alemania y Países Bajos ya han implementado sistemas de legalización, aunque con resultados diversos. En contraste, Suecia y Francia han optado por penalizar a los clientes en lugar de a las personas en situación de prostitución, en un modelo que busca reducir la demanda.
El tiempo dirá si la legislación belga logra equilibrar la protección de derechos con la lucha contra la explotación. Por ahora, la medida representa un experimento audaz que será observado de cerca por gobiernos, activistas y académicos en todo el mundo.