TRAS LA CAÍDA DE MADURO
Caracas vive horas de alta tensión política tras la orden judicial de liberar a 379 presos políticos, apenas 24 horas después de aprobarse una histórica Ley de Amnistía. La medida, impulsada por el gobierno interino de Delcy Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro en enero, busca estabilizar el país. No obstante, la alegría de cientos de familias contrasta con el drama de quienes quedaron fuera del beneficio por "recortes arbitrarios" en los períodos de detención contemplados por la nueva normativa.
El drama de Nahuel Gallo y los excluidos de la amnistía
La ONG Foro Penal advirtió que aproximadamente 400 personas permanecen excluidas de esta normativa. Según el director de la organización, Alfredo Romero, la ley solo contempla 13 momentos específicos entre 1999 y 2026, dejando un vacío legal de 15 años de persecución política. Además, la ley excluye a personas vinculadas a operaciones militares y, según la misma ONG, civiles acusados de delitos que no cometieron. En esta zona gris se encuentra el gendarme argentino Nahuel Gallo.
La presidenta interina, Delcy Rodríguez, definió el proceso como un paso hacia una "Venezuela más democrática" y pidió a la ciudadanía "saber recibir el perdón". Sin embargo, la oposición y organismos de derechos humanos señalan que muchos militares y civiles acusados de delitos complejos siguen siendo utilizados como rehenes políticos. Mientras el Ministro de Defensa, Vladimir Padrino, respalda la iniciativa como una señal de "fortaleza política", para la familia del gendarme argentino la transición aún es un callejón sin salida. El proceso continúa bajo la lupa internacional, mientras se espera que 2.742 personas logren ampararse en los artículos de esta ley en las próximas semanas.