27 Noviembre de 2025 - 10:28
27 Noviembre de 2025 / Ciudadano News / Economía
La Cámara de Diputados de Mendoza dio media sanción a la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto PSJ Cobre Mendocino, un hito que marca la reactivación de la minería de primera categoría en la provincia.
La iniciativa, que promete una inversión superior a los 550 millones de dólares y una vida útil de la mina de 16 años, pone a la localidad de Uspallata, en la Alta Montaña mendocina, en el centro de un tenso debate que contrapone la necesidad de desarrollo económico con las preocupaciones socioambientales.
Para los habitantes de Uspallata, la explotación de cobre y oro significa una inyección económica directa, prometiendo puestos de trabajo y el consecuente desarrollo de infraestructura y servicios.
Sin embargo, la movilización de asambleas y un informe crítico del CONICET sobre la gestión del agua y la biodiversidad subrayan la desconfianza de una parte de la comunidad.
La ministra de Energía y Ambiente de Mendoza, Jimena Latorre, abordó esta dualidad defendiendo el marco legal y la institucionalidad del proceso. En ese sentido, la funcionaria sostiene que el Gobierno busca establecer un nuevo paradigma para la actividad.
Latorre enfatizó: "Estamos escribiendo una nueva página para Mendoza: una minería responsable, sostenible y respetuosa de la Constitución".
La ministra argumenta que este proceso no es discrecional y se ampara en un estado de derecho que debe garantizar tanto el derecho al trabajo como el derecho a un ambiente sano y equilibrado.
En este marco de beneficios concretos, Latorre detalló el impulso a la capacitación y la infraestructura al resaltar que "ya hay muchos vecinos de Uspallata que están recibiendo capacitación porque se han acercado, porque se han interesado, porque se dictan capacitaciones no tan solo como maquinista o como conductor de camionetas 4X4 o como operario de mina, sino también como costureras para los uniformes en distintos servicios que son indirectos, pero que también hacen a la operación de la mina".
"Y en cuanto a la infraestructura, también es parte del proceso de puesta en marcha de la mina desde la línea que tiene la obligación de construir el operador, el proponente, para empezar a construir, que va a beneficiar también a la localidad, desde los caminos que tiene la obligación de construir y la necesidad de construir", agregó la funcionaria.
Este impulso a la formación y a la infraestructura busca arraigar el proyecto en la economía local, mucho antes de que comience la extracción.
Uno de los principales ejes de preocupación social se centra en la gestión del recurso hídrico, vital en una provincia oasis.
Los detractores, citando estudios científicos, alertan sobre un supuesto riesgo de consumo excesivo del arroyo El Tigre y la potencial contaminación de la cuenca del río Mendoza.
Frente a estas objeciones, la ministra hizo hincapié en que la DIA establece mecanismos de fiscalización sin precedentes. al declarar que "hay controles reforzados que incluyen monitoreos online en tiempo real, fiscalización de múltiples organismos y la participación directa de universidades, ONG y vecinos".
Además, insistió en que el diálogo debe estar basado en la información técnica y no en posturas sin fundamento.
La luz verde legislativa para el proyecto Cobre Mendocino inicia ahora la etapa de factibilidad económica e ingeniería de detalle, lo que llevará de 18 a 24 meses.
Para Uspallata, este tiempo será crucial para que las partes involucradas construyan la tan mencionada "licencia social" que asegure que el desarrollo del cobre se concrete bajo los más altos estándares ambientales y con un beneficio tangible y duradero para la comunidad local.
