Los acreedores favorecidos por el fallo de la jueza Loretta Preska reclaman que YPF y el Estado argentino son los mismo y por lo tanto, al igual que otras empresas, son embargables.
Por su parte desde el Gobierno nacional se insiste en que para transferir el 51% de las acciones tipo D que ordenó la magistrada se debe sancionar una ley del Congreso.
El estado apeló y la Jueza respondió
El Estado nacional apeló hoy la sentencia desfavorable e inmediatamente la Preska convocó a las partes a una "negociación", según indicó el especialista y director de Latam Advisors, Sebastián Maril, a través de sus redes sociales.
Cabe recordar que el dictamen de la titular del Juzgado del Distrito Sur de Nueva York es la consecuencia del planteo de actuales tenedores de la deuda que se generó con la expropiación aplicada en el 2012, durante el segundo mandato de Cristina Kirchner, y lograron que la jueza Loretta Preska dicte un fallo en primera instancia que obligaría a la Argentina a pagar USD 16.100 millones.
Preska dispuso que se le ordene a la Argentina "transferir sus acciones Clase D de YPF a una cuenta de custodia global en BNYM en Nueva York dentro de los 14 días posteriores a la fecha de la orden", pero es intención de la jueza destrabar la disputa por la entrega de información relacionada con el argumento de los demandantes, el cual indica que el Estado argentino e YPF "son lo mismo".
Los demandantes quieren demostrar que el Estado argentino no solo es dueño de YPF, sino también de Aerolíneas Argentinas, ARSAT (Empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima), ENARSA (Energía Argentina Sociedad Anónima) y el BCRA (Banco Central), lo que podría terminar disparando más embargos.